La democracia ambiental se basa en la idea de que las decisiones sobre la tierra y los recursos naturales abordan de manera adecuada y equitativa los intereses de los ciudadanos. En lugar de establecer un estándar sobre lo que determina un buen resultado, la democracia ambiental establece un estándar sobre cómo se deben tomar las decisiones.
En Colombia se instala el nuevo Congreso, en pocos días inicia el gobierno del Cambio en la potencia mundial de la vida; un gran reto es trabajar articuladamente para garantizar que las comunidades tengan el derecho y la capacidad de influir en las decisiones sobre su futuro.
En esencia, la democracia ambiental involucra tres derechos que se refuerzan mutuamente y que, si bien son importantes de manera independiente, funcionan mejor en combinación: la capacidad de las personas para acceder libremente a la información sobre la calidad y los problemas ambientales, para participar de manera significativa en la toma de decisiones y para buscar el cumplimiento de las normas ambientales leyes o indemnización por daños y perjuicios.
Con demasiada frecuencia, los ciudadanos no participan de manera significativa en las decisiones que podrían afectar su salud, medios de subsistencia y cultura. Esto a menudo se debe a leyes débiles que limitan el acceso del público a la información, no brindan una voz pública adecuada en la toma de decisiones o no ofrecen acceso a la justicia cuando se cometen daños ambientales.
Estos problemas están en el corazón de la democracia ambiental, un componente clave para preservar la salud de las comunidades y las regiones. Los tres componentes clave: acceso a la información, participación y justicia también conocidos como “derechos de acceso” se reflejan en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, de igual manera encarnando lo consagrado en nuestra Constitución Política de 1991 – Art. 79.
“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.
Las leyes de acceso a la información requieren que los gobiernos y las empresas pongan a disposición del público información como evaluaciones de impacto ambiental, planes de proyectos de desarrollo y descargas contaminantes. Al estar informado, el público puede participar de manera más efectiva en la toma de decisiones y responsabilizar a las empresas y los gobiernos por acciones que no están de acuerdo con la ley.
La información no solo debe estar disponible, sino también accesible al público a través de formatos que puedan usar fácilmente, teniendo en cuenta la alfabetización, el idioma, la legibilidad, el uso de la tecnología y más. Hacer que la información ambiental sea abierta, actualizada y de libre acceso a menudo puede ser la base para el cambio.
Leyes efectivas de participación pública mejoran el flujo de información entre las comunidades y los tomadores de decisiones del gobierno o del sector privado. Este intercambio puede ayudar a evitar consecuencias no deseadas, aumentar el apoyo a una decisión y conducir a una distribución más equitativa de costos y beneficios.
Se debe informar al público en las primeras etapas del proceso de toma de decisiones acerca de las oportunidades para participar, también deben recibir toda la información necesaria para aportar de manera significativa. La participación es menos apropiada cuando al ciudadano simplemente se le informa de una próxima decisión y se le deja sin oportunidad de influir en ella.
Uno de los procesos de participación pública más conocidos por el medio ambiente es a través de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que en muchos países requieren consultas públicas antes del desarrollo de proyectos que tendrán impactos ambientales.
Cuando el ciudadano recibe un aviso amplio junto con la información necesaria para comprender y participar de manera significativa, estas evaluaciones pueden ser formas efectivas de protegerse contra los daños ambientales o de garantizar una compensación adecuada. Por otro lado, las consultas públicas que solo sirven para informar sobre una decisión que ya se ha tomado socavan la confianza pública, reducen la legitimidad y sofocan el flujo de información importante.
Cuando los ciudadanos carecen de acceso a la información y la participación, deberían poder ejercer el derecho a buscar justicia, como una compensación o apelar un proyecto. Estos mecanismos de rendición de cuentas deben ser independientes e imparciales, e idealmente capaces de emitir decisiones vinculantes y ejecutables.
La tarea es, diseñar instituciones que promuevan tanto la confianza como el conocimiento, la comunidad además de la participación; instituciones, en definitiva, que puedan reparar la incertidumbre cuando es imposible resolverla.
Los principales retos del nuevo gobierno corresponden a la profundización de la democracia ambiental, preparación frente a la realidad de cambio climático, capacidad como SINA (Sistema Nacional Ambiental) de regular, limitar y ejercer autoridad ambiental con sustento técnico y concertación social, fortalecer el sistema en democracia y transparencia, la coherencia del Estado y sus instituciones a través de una política que articule los sectores, territorializar la política resaltando la importancia de la participación de la ciudadanía en las regiones.
La Ley 99/1933 (Ley general ambiental) cumple 30 años, se debe evaluar el SINA con sus logros y capacidades, generando las reflexiones pertinentes, tomando las medidas correctivas urgentes de cara a los retos ambientales, no podemos ser indiferentes con quienes creemos y merecemos que Colombia sea potencia mundial de la vida.
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Por: María Fernanda Plazas Bravo – Twitter: @mafeplazasbravo
Ingeniera en Recursos Hídricos y Gestión Ambiental
Especialista en Marketing Político – Comunicación de Gobierno
Universidad Externado de Colombia
