Acuerdo de Escazú ¿qué es?

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América Latina y el Caribe es una de las regiones con mayor biodiversidad, sin embargo, esta se encuentra amenazada por la sobreexplotación de recursos naturales y por conflictos sociales internos.

En el 2018, 33 países de América Latina y el Caribe fueron invitados a firmar y ratificar el histórico Acuerdo de Escazú, el cual es el primer acuerdo de carácter vinculante que integra de manera explícita los derechos humanos con la protección de líderes ambientales. Este acuerdo también promueve la participación en la toma de decisiones ambientales y fomenta la cooperación entre países para la protección ambiental y social.

El Acuerdo de Escazú brinda orientación sobre democracia ambiental, cooperación y derechos humanos, adaptándose al contexto de cada país. Por ello, es fundamental que haya claridad con respecto a los mecanismos que podrían facilitar la integración de los artículos del Acuerdo para promover la conservación de la biodiversidad y la protección de los defensores del medio ambiente.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales, también conocido como Acuerdo de Escazú, es el primer tratado regional de derechos humanos ambientales en América Latina y el Caribe.

Fue negociado y aprobado en Escazú, Costa Rica en 2018, con la participación de la sociedad civil y expertos en derechos humanos y medio ambiente en este proceso y, por lo tanto, jugando un papel esencial en la adopción del tratado.

Sin embargo, desde que se adoptó, su proceso de ratificación ha sido lento debido a la agitación política, la pandemia de COVID-19 y los lentos procesos de ratificación a nivel nacional. Además, estos procesos de ratificación nacional a menudo se han visto abrumados por la gestión de los grupos de oposición y la difusión de información falsa sobre el impacto potencial del acuerdo.

El acuerdo de Escazú garantiza el derecho a acceder a la información ambiental y participar en la toma de decisiones ambientales, promoviendo así el acceso a la información y el acceso a la justicia en materia ambiental.

Si bien reconoce el derecho a un medio ambiente sano, el Acuerdo de Escazú obliga a los Estados a prevenir e investigar los ataques contra quienes protegen y defienden los derechos ambientales. El acuerdo reconoce la trascendencia del trabajo realizado por los defensores de derechos humanos ambientales y obliga a los Estados a establecer lineamientos sobre medidas apropiadas y efectivas para garantizar su seguridad.

El Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de 2021, Día Internacional de la Madre Tierra, luego de haber obtenido 12 ratificaciones (una más que el mínimo requerido: 11). El Acuerdo de Escazú, que surgió de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20) de 2012.

El Acuerdo de Escazú llega en un momento muy oportuno porque podemos hacer un compromiso real de cambio. Proporciona el eje central para la democracia ambiental, la cooperación internacional y el multilateralismo y debe estar en el centro de los esfuerzos para reconstruir mejor utilizando un enfoque basado en los derechos humanos.

Teniendo en cuenta el alto número de defensores de derechos humanos ambientales asesinados, así como la actual crisis climática, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú representa un paso trascendental hacia la protección y promoción de los derechos humanos en la región.

Los defensores de derechos humanos ambientales a menudo trabajan con un gran riesgo personal y, a menudo, son criminalizados por sus actividades. Experimentan un grado de peligro particularmente alto, de hecho, los asesinatos, la intimidación y los ataques contra los defensores de derechos humanos ambientales se han vuelto cada vez más comunes, ya que estos delitos a menudo no se investigan adecuadamente y los perpetradores no comparecen ante la justicia.

Colombia es famosa por ser uno de los lugares más letales para los defensores de derechos humanos ambientales. Según el último informe de Global Witness (2020), el país experimentó 64 asesinatos solo en 2019, más que en cualquier otro lugar del mundo, y un impresionante 30% de todos los asesinatos reportados a nivel mundial.

En 2020, de los 331 asesinatos denunciados en todo el mundo examinados en un estudio reciente, Informe de Front Line Defenders, se estima que 177 ocurrieron en Colombia. La violencia sigue en aumento, a pesar del proceso de construcción de paz que comenzó en 2016 con la firma de los Acuerdos de Paz.

Factores que inciden en el alto número de defensores de derechos humanos ambientales asesinados incluyen la falta de mecanismos efectivos para acceder a la justicia y la impunidad predominante, el desconocimiento de los derechos de los defensores de derechos humanos ambientales, incluidos sus derechos a la participación y consulta previa, y la falta de transparencia en la toma de decisiones y procesos de ejecución de proyectos que, directa o indirectamente, afecten el medio ambiente.

En América Latina hemos sufrido tremendos ataques contra defensores ambientales, incluidos indígenas, líderes rurales, activistas de organizaciones ambientalistas, líderes de organizaciones afrodescendientes, que en algunos casos han terminado en muerte.

Contar con una herramienta legal que los proteja indica que nuestra región no solo está comprometida con el medio ambiente, sino que también protege la vida y los derechos de los activistas ambientales. Este es un paso adelante fundamental.

En un país como Colombia, el Acuerdo de Escazú da una nueva oportunidad de aprovechar aquellos rubros donde ya somos fuertes, como el acceso a la información ambiental. Colombia podría ser líder y apoyar a los países que no lo son tanto. En los temas que somos débiles como en participación, justicia y protección a personas defensoras, el Acuerdo tiene mucho para aportarnos. En el lugar más peligroso del mundo para la defensa ambiental, ninguna herramienta sobra para proteger a la biodiversidad y a las personas.

Es urgente que Colombia ratifique el tratado lo antes posible. El tratado es completamente compatible con la Constitución, y haría más efectivo el cumplimiento de los mandatos constitucionales. Es necesario que los legisladores se ubiquen en el lado correcto de la historia.

Durante muchos años, Colombia se ha elogiado a sí misma como un país amigable con el medio ambiente: desde una gran cantidad de leyes relacionadas con el medio ambiente y derechos fundamentales y constitucionales innovadores destinados a proteger el medio ambiente (Artículos 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia), hasta progresistas decisiones judiciales y procedimientos especiales de protección ambiental, el país podría ser considerado ambientalmente consciente.

Colombia ya cuenta con un número significativo de leyes destinadas a proteger los defensores de derechos humanos ambientales. Pero todos han demostrado ser insuficientes. Los protocolos y marcos nacionales no han logrado proteger la vida y el trabajo de los defensores de derechos humanos ambientales.

La ratificación del Acuerdo de Escazú ofrecerá el apoyo que países como Colombia necesitan para realizar las reformas legales necesarias para proteger verdaderamente a los defensores de derechos humanos ambientales. El Acuerdo se basa en el principio de cooperación, así como en el de soberanía permanente sobre los recursos naturales (Art. 3. Acuerdo de Escazú). No pretende interferir en la soberanía del país, sino promover el intercambio de información para desarrollar capacidades en la región.

Más importante aún, reconoce, en un instrumento legalmente vinculante, el trabajo de defensores de derechos humanos ambientales como vital para la democracia ambiental. La Constitución colombiana no incluye explícitamente un derecho a defender los derechos humanos, que podría fortalecer la protección de defensores de derechos humanos ambientales al tiempo que reconoce su papel crucial en la protección del estado de derecho.

La ratificación del Acuerdo de Escazú podría ayudar a lograrlo mediante el fortalecimiento de las capacidades judiciales e investigativas a través de mecanismos como recursos e impugnaciones administrativas a las decisiones de información, participación y toma de decisiones en materia ambiental, mecanismos para ejecutar y hacer cumplir las decisiones judiciales, el derecho de acceso a la justicia, medios para dar a conocer y difundir el proceso de acceso a la justicia, así como las decisiones judiciales y administrativas, y establecer mecanismos de apoyo a grupos en situación de vulnerabilidad.

El nuevo Congreso de Colombia da un impulso al acuerdo de Escazú. Con 74 votos favorables contra 22 negativos, el Senado aprobó en segundo debate el proyecto que propone la ratificación del tratado ambiental. Restan dos debates más en el Congreso y una revisión de la Corte Constitucional para su ratificación.

El Acuerdo de Escazú nos exige reflexionar sobre el estrecho vínculo entre los derechos humanos y la construcción de un desarrollo más sostenible, inclusivo e integrador. Nos ofrece un camino de diálogo para avanzar en la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en un momento tan complejo como el que la región y el mundo están viviendo hoy.

Por: María Fernanda Plazas Bravo – Twitter: @mafeplazasbravo
Ingeniera en Recursos Hídricos y Gestión Ambiental
Especialista en Marketing Político – Comunicación de Gobierno
Universidad Externado de Colombia

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