Damos por hecho que conocemos el significado de estos conceptos holísticos, tan antiguos como la humanidad. Pero no, desde hace siglos se implementa en el mundo la política por medio de gobiernos monárquicos, parlamentarios y presidencialistas.
En la cotidianidad confundimos estos conceptos y hasta asumimos la política con el ejercicio de la perversa politiquería. Pues bien, diferenciemos: la primera es la ciencia que estudia el poder público o del Estado, constituido en quienes gobiernan o aspiran a dirigir la cosa pública.
Politiquería es hacer del ejercicio público una actividad superficial con intereses personales o de pequeños grupos que finalmente manipulan la función pública.
El desprestigio de la actividad política surge de la mala implementación de sus ejecutorias, es una actividad egoísta, ególatra sin proyecciones futuras y que persigue como objetivo conveniencias egoístas.
Uno de los problemas de los gobiernos nacionales, regionales y locales tienen su origen en las estrategias de todo tipo para acceder al poder, con promesas de difícil cumplimiento.
Estas actividades sin planeación, sin ética y carcomidas por la corrupción han convertido esta dinámica cada vez más incapaz de gobernar. La corrupción y la impunidad son dos variables que generan apatía ciudadana hacia la actividad proselitista.
El cinismo y la mentira son las causas fundamentales de la creciente abstención ciudadana para participar en eventos democráticos.
La clase política se ha convertido en una zaga mercantilista que afecta el presupuesto público y se dedican a administrar influencias y privilegios para unos pocos, que son los mismos que vemos desde décadas usufructuando el erario público.
Un ejemplo concreto lo podemos evidenciar con claridad en el actual gobierno de Neiva, que en plena emergencia en salud pública y crisis económica – desempleo más alto del país – se reestructura la planta de personal de la alcaldía, con la aprobación de los concejales de la coalición de gobierno, como en el decir mexicano parece “una chulada “actuando como siempre a espaldas del pueblo.
Esto implica la aberrante decisión de afectar los ingresos corrientes de libre destinación (nuestros impuestos) para el pago de la ampliación de la nómina, teniendo en cuenta que estos dineros como lo manda la Constitución Política son “para cumplir con el principio constitucional de sostenibilidad fiscal no para la “cosa nostra“.
Esta actuación irresponsable es producto de la dinámica politiquera contraria a un desarrollo participativo que busque solucionar con ética, transparencia y compromiso ciudadano la crisis por la que estamos pasando.
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Por: Iván Cortés Losada
Sociólogo
Magíster en Administración y Planeación Socioeconómica
