Colombia tiene un problema estructural que lo ha definido desde finales del Siglo XIX, y es la tendencia de anular la discusión democrática del legislativo y en el seno de la sociedad, a través de la facultad presidencial de declarar estados de excepción. Desde la guerra de los 1000 días hasta el estatuto de seguridad de Turbay, Colombia siempre se caracterizó por negar el sistema democrático a través de la excepcionalidad.
Por lo tanto, el verdadero legislador de Colombia, no ha sido el Congreso de la República, ha sido el Presidente. Para la muestra un botón; bajo la Constitución de 1986 y hasta 1991 los códigos, los cuerpos normativos que rigen la vida ciudadana (laboral, contencioso administrativo, procedimiento civil y laboral, tributario, de procedimiento penal, de petróleos), no fueron expedidos por leyes consecuencia de debates en el Congreso; fueron expedidos por Decretos del Presidente en estados de excepción o al amparo de facultades en estados de excepción.
Ahora bien, cuando Núñez y Caro expidieron la Constitución de la República de Colombia de 1886, no existía ni la infraestructura, ni los medios de comunicación, ni mucho menos el peso demográfico de Colombia en la segunda década del siglo XXI; esa, era una Constitución reaccionaria a un estado federal, a los conservadores moderados y a los liberales, promovida por un hombre de mente pequeña, para un país y una sociedad, que desde entonces y hasta hoy han tenido aspiraciones pequeñas.
A Rafael Núñez y a Antonio Caro impulsores de la Regeneración (su espíritu es muy parecido a los dogmas del Centro Democrático) le importaban muy poco derechos ciudadanos y la democracia.
Por eso para todos los historiadores es fácil concluir que ese texto constitucional fue una de las causas directas de la Guerra de los Mil días, y de su más funesta consecuencia, la separación de Panamá.
Ante esa cruda realidad histórica, la Constitución Política de 1991 limitó ostensiblemente la posibilidad de reducir las facultades del Presidente de la República en materia legislativa y de control político.
Pero como en la vida de los hombres y de las sociedades no hay nada más difícil que erradicar un defecto, ya en vigencia de la Constitución Política de 1991, todos los presidentes sin excepción han declarado estados de excepción (más de 25 en menos de 30 años de vigencia, casi uno cada año), materializados en estados de conmoción interior y estados de emergencia económica, social o ecológica, por causas tan disimiles y heteróclitas como la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, o la lucha contra Pablo Escobar y el cartel de Medellín, o la caída de las pirámides tipo ponzi (entiéndase DMG), y hasta por paros judiciales.
Lo común de muchos de esos estados de excepción, es que han sido declarados inconstitucionales. Es decir, además de ser un medio de negar el control político del Congreso, es evidente que nuestros gobernantes pareciera que no entienden que es un estado de excepción.
Y las medidas adoptadas en estos estados de anormalidad institucional no son cualquier cosa. Por ejemplo, el impuesto a las operaciones financieras (el famoso cuatro por mil, que cuando nació era solo el dos por mil y nos prometieron que duraría unos pocos meses), nació en un estado de excepción de 1998 cuando era presidente Andrés Pastrana.
Y aunque me puedan decir que después fue adoptado por una Ley de la República en el Congreso, a nivel internacional, no hay mayor signo de debilidad institucional y económica, y por tanto, nada que aleje más a los inversionistas extranjeros, que los impuestos nazcan de esta manera.
Creo, sin temor a equivocarme que el único estado de excepción que realmente ha vivido este país desde 1991 hasta hoy es la pandemia del COVID 19. Los demás han sido alteraciones de orden público que se aprovechan para que Presidente de turno legisle a su antojo.
Y el Gobierno de Duque ha manejado, este estado de excepción de una forma tan antidemocrática, que deja en evidencia la necesidad de modificar el régimen de excepcionalidad en la Constitución.
Es un detalle cómico, que esos decretos se estén declarando inexequibles porque se adoptan sin todas las firmas de los ministros. Pero es muy grave que a través de esos decretos se hayan tratado de adoptar reformas pensionales, reformas fiscales y de hacienda pública, y que la Corte Constitucional le haya tenido que recordar al Presidente que esas reformas no se pueden relacionar con el manejo de una crisis de salud pública.
Y lo más terrible es que pocos congresistas que se han dado a la tarea de reclamar por la forma en que Duque ha legislado, han visto mermado o anulado su control político, pues el gobierno y su coalición han impedido que el debate sobre esas “reformas” se lleve al Congreso. Guardadas las proporciones, así funcionan las dictaduras.
En Francia, Italia, España, Alemania, y otros países serios, se declararon estados de emergencia, pero en particular los congresos o parlamentos siguieron funcionando sin ningún problema, y las medidas para afrontar la emergencia, han sido adoptadas en la sana discusión democrática, sin la necesidad de los pupitrazos de Presidentes o Primeros Ministros.
En Estados Unidos, que ocupa el primer lugar de contagios en la pandemia, casi hubo un terremoto por la intención de Trump, de suspender las elecciones que muy seguramente ira a perder, y en todo caso, el Senado y la Cámara, han seguido funcionando sin ningún problema, y cumpliendo la agenda estricta del gobierno federal.
¿Que impide a que en Colombia pase lo mismo? Nada.
Debemos entender que el sistema democrático, tiene su máxima representación en el Congreso y en la Rama Judicial; no en el Presidente de la República. Y eso implica, abandonar esa creencia, que es más bien un sofisma, según el cual, cada vez que el presidente de turno es impopular, sentimos, o más bien, nos dicen, que existe una grave crisis política. Esa es una vulgar mentira.
La crisis política existe no porque el Presidente de turno sea impopular. Existe porque la rama judicial y la rama legislativa no son representativas o son poco legítimas.
Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer, es exigir que se reformen, y en mi opinión, ojala se acaben para siempre, las posibilidades del presidente de turno pueda invocar estados de excepción, para anular los controles políticos de la Constitución.
Y es que ni siquiera en el estado de excepción supremo que es el estado de guerra exterior, se debe suspender el sistema democrático para afrontarlo, y el ejemplo lo dio Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Y esa guerra, créanme, sí fue una alteración grave del orden público.
Winston Churchill, primer ministro inglés de la época, tenía que asistir al parlamento cada tanto a informar los avances de la guerra y fue atacado en muchas ocasiones por el fracaso de operaciones bélicas que costaban miles de vidas. Jamás en esa Inglaterra heroica y herida por el Blitz, se suspendieron derechos fundamentales, o se dejó de reunir el parlamento inglés.
Por el contrario, Churchill les decía a los ingleses que la única forma de ganarle a la tiranía del nazismo era que Inglaterra debía vivir con normalidad, y en medio de los bombardeos y de las muertes de miles de niños y mujeres en la batalla de Inglaterra, invitaba a sus ciudadanos a tomar el té a las cinco de la tarde. Y por supuesto, vivir con normalidad, también significaba respetar las facultades del parlamento inglés y los derechos de los ciudadanos.
De modo que cuando Estados Unidos se unió al bando de los aliados en 1941, Franklin Roosevelt imitó el estilo de su homologo inglés, y en consecuencia, en Estados Unidos tampoco se limitaron los derechos ni las libertades de los ciudadanos con la excusa de la guerra.
Cuenta un historiador que en la conferencia de Yalta ya en febrero 1945 y casi al final de la guerra, en forma burlona Stalin le dijo a Winston Churchill, que era bien extraño poder comandar un ejército y dirigir una guerra en medio de elecciones democráticas.
Ante el ataque grosero del dictador soviético, parece que el viejo león inglés, sin inmutarse replicó que fue la democracia lo que impidió que Hitler se apoderara del mundo, y que, “aunque soy consciente que puedo perder las elecciones en mi país, me siento orgulloso de ello”.
Winston Churchill, no dejaba de recordarle al camarada Josif Stalin, que la democracia inglesa fue lo único que se opuso a Hitler y al Nazismo, cuando la Alemania Nazi y la Unión Soviética eran aliados.
A los pocos días de concluir la conferencia de Yalta, efectivamente Churchill perdió las elecciones. Gracias a la democracia, los ingleses entendieron que quien los había llevado a la victoria bélica, no podía ser la misma persona que los llevaría a la paz.
La enseñanza para la humanidad es que Inglaterra y Estados Unidos, ganaron para sus países la guerra más importante de la historia, sin desconocer el sistema democrático, ni los derechos de sus ciudadanos, ni mucho menos las facultades de sus parlamentos, lo que no significa, por supuesto, que esos países tuvieran que hacer grandes sacrificios para vencer.
Es hora que esta sociedad, acostumbrada a las alcaldadas entienda que el presidente no puede seguir anulando los controles del congreso a cada alteración menor de la normalidad institucional. Y que las reformas que esta sociedad necesita deben ser adoptadas y discutidas en el legislativo. No por el mesías de turno.
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Por: Juan Pablo Murcia Delgado – murciajuanpablo@gmail.com
Twitter: @jpmurciadelgado
