El caso Yulixa Tolosa desnuda la inseguridad jurídica que rodea la cirugía estética en Colombia y la inacción de quienes tienen el deber de proteger a los pacientes.
El miércoles 13 de mayo de 2026, Yulixa Consuelo Tolosa, una estilista de 52 años, ingresó a un establecimiento del barrio Venecia, en el sur de Bogotá, para someterse a una lipólisis láser con sedación. Nunca volvió a casa. Su desaparición en medio de versiones contradictorias del personal del lugar, mensajes enviados desde su celular que sus amigas aseguran no pudo haber escrito, y videos que muestran cómo la sacaron del lugar arrastrándola mientras su piel lucía pálida y sus labios, amoratados ha estremecido al país. Pero más que un drama humano, es el espejo de un fracaso institucional que se repite, se lamenta y, sin embargo, no se corrige.
El centro Beauty Láser funcionaba en una vivienda de tres pisos. No tenía habilitación sanitaria. Estaba registrado como peluquería. La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó que carecía de autorización para realizar procedimientos médicos. Los inspectores habían intentado ingresar en dos ocasiones anteriores sin éxito. Se realizaban hasta cinco intervenciones quirúrgicas diarias, con anestesia o sedación y sin un quirófano real: apenas un cuarto con una camilla.
Colombia ocupa el undécimo lugar en el mundo entre los países donde más se realizan procedimientos médico-quirúrgicos con fines estéticos. En 2023 se practicaron más de 447.000 procedimientos, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS). El país es, además, un destino apetecido por el turismo de salud, de acuerdo con las estadísticas, uno de cada cinco pacientes en años recientes ha sido extranjero. Paradójicamente, esta industria millonaria opera sobre un suelo jurídico pantanoso.
Hoy, cualquier persona puede anunciar en redes sociales una liposucción con sedación sin tener título médico, sin habilitación sanitaria y sin protocolos de emergencia, y la ley no le cierra la puerta con suficiente contundencia. La normativa existente es dispersa, incompleta y de difícil aplicación. Médicos especialistas, esteticistas, enfermeras e incluso personas sin ninguna formación compiten en el mismo mercado informal, muchas veces a través de plataformas digitales que no verifican credenciales.
La Dra. María Consuelo Carranza, de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, lo resumió con claridad: Esta paciente tiene muchos más riesgos porque no se está realizando el procedimiento en una clínica habilitada. Esto quiere decir que lo puede realizar una esteticista, una instrumentadora o una enfermera. No cuentan con los equipos adecuados para manejar una complicación.
Entre 2015 y 2016, las muertes asociadas a cirugías estéticas en Colombia aumentaron un 130%, según Medicina Legal. Ese dato debería haber bastado para una respuesta legislativa urgente. No fue así.
No es que nadie haya advertido el problema ni que falten propuestas. Desde 2015, distintas iniciativas legislativas han buscado poner orden en este sector. La más reciente y completa es el Proyecto de Ley 311 de 2023 (Cámara) / 237 de 2024 (Senado), conocido como #CirugíaSeguraYa, que busca establecer un marco normativo claro y establece que solo médicos especialistas con competencias quirúrgicas debidamente registrados pueden realizar intervenciones estéticas; se crea el Registro Único Nacional de Centros Prestadores de Servicios de Salud Estética; se prohíbe la publicidad engañosa; y se habilitan pólizas de seguro para cubrir complicaciones.
El proyecto fue aprobado en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara en abril de 2024 con votación unánime. En septiembre de 2024, pasó la plenaria de la Cámara con 94 votos a favor. En abril de 2025, la Comisión Séptima del Senado lo aprobó en su tercer debate. Al cierre de esta columna, falta aún el cuarto y último debate que corresponde a la plenaria del Senado para que se convierta en ley de la República. Se esperaba que entrara en vigor a finales de 2025. No ocurrió.
Detrás de la demora no hay misterio. Clínicas establecidas ven con buenos ojos una regulación que elimine la competencia desleal de los centros clandestinos. Pero en el camino legislativo la iniciativa ha sufrido debates, impedimentos declarados por congresistas con intereses en el sector, tal como consta en las actas del Senado, y demoras inexplicables en un cuarto debate que lleva meses pendiente. Mientras los actores formales del sector aplauden la iniciativa desde la tribuna, el texto sigue durmiendo en la agenda legislativa.
El argumento de que falta una ley sirve de escudo cómodo, pero no exculpa a quienes ya tienen herramientas para actuar. Las Secretarías de Salud departamentales y distritales son las autoridades sanitarias encargadas de la vigilancia y el control sobre los establecimientos que prestan servicios de salud. Ese mandato existe hoy, con o sin la nueva ley.
En el caso Tolosa, la Secretaría de Salud de Bogotá confirmó que Beauty Láser operaba sin autorización sanitaria. Sin embargo, sus inspectores habían intentado ingresar al lugar en dos ocasiones previas sin lograrlo. No consta que se haya impuesto una sanción, ni que se haya sellado el local antes de que ocurriera la tragedia, ni que se hayan adoptado medidas preventivas ante las denuncias. Solo después de la desaparición de Yulixa fue sellado el establecimiento. La Personería también se vinculó a la investigación, como ocurre siempre: después.
Este no es un caso aislado de Bogotá. En Antioquia, solo en los primeros meses de 2026, se reportaron 68 quejas contra centros de estética no autorizados. La proliferación de clínicas de garaje en redes sociales es un fenómeno nacional que las autoridades sanitarias conocen, documentan en informes y, sistemáticamente, no logran contener.
La inspección, vigilancia y control sanitario que son funciones constitucionales y legales de las Secretarías de Salud, operan en modo reactivo: actúan cuando ya hay una víctima, no para evitarla.
¿Cuántos Beauty Láser están operando hoy mismo en un barrio de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla o Neiva? La pregunta no es retórica. Es una exigencia de respuesta.
El caso de Yulixa Tolosa no puede reducirse a la vileza de quienes operaron un consultorio clandestino, administraron dosis peligrosas de anestesia y, presuntamente, intentaron ocultar lo ocurrido borrando las cámaras de seguridad y huyendo hacia Venezuela. Esa responsabilidad penal existe y debe ser perseguida con toda la energía del sistema judicial.
Pero hay una responsabilidad institucional igualmente seria. El Congreso de la República lleva más de una década recibiendo proyectos de ley sobre esta materia sin lograr aprobar uno. La legislatura actual tiene en sus manos el texto más completo y consensuado que se ha presentado, a un debate de convertirse en ley, y no lo ha tramitado.
Las Secretarías de Salud de todo el país cuentan con atribuciones para cerrar centros ilegales y no las ejercen con la regularidad ni la contundencia que la magnitud del problema exige. El Ministerio de Salud ha participado en la elaboración del proyecto de ley, pero no ha traducido esa participación en una política activa de control en el territorio.
Y hay también una responsabilidad colectiva que incomoda mencionar: la de una cultura del procedimiento barato a cualquier costo. La denuncia de otra paciente del mismo centro es reveladora: encontró Beauty Láser en redes sociales, vio que el precio era considerablemente inferior al de clínicas certificadas, notó que el ‘quirófano’ era un cuarto con una camilla, y siguió adelante.
Una cirugía formal, con clínica habilitada, anestesiólogo certificado y cirujano plástico especialista, cuesta entre 12 y 20 millones de pesos mínimo. La oferta de Beauty Láser rondaba los tres millones. La diferencia de precio es una señal de alarma que el Estado tiene la obligación de convertir en información pública y accesible, y que los ciudadanos deben aprender a leer.
Mientras Yulixa Tolosa sigue sin aparecer y su familia aguarda respuestas, el país está ante una oportunidad que no debería desaprovechar. No para legislar por emoción si se tiene en cuenta que los peores marcos normativos nacen del escándalo, sino para actuar sobre lo que ya está hecho y pendiente. Lo curioso ocurre cuando algunos intereses encuentran puertas extraordinariamente abiertas y oídos particularmente atentos.
Porque ciertos susurros parecen recorrer más rápido los pasillos legislativos que algunos proyectos. Tal vez sea una coincidencia.
O quizá el país descubrió un nuevo procedimiento: la anestesia legislativa. El debate entra despierto y sale profundamente dormido. Y empieza a resultar incómoda otra coincidencia, la misma célula legislativa que fue escenario del hundimiento de la reforma a la salud hoy vuelve a convertirse en el lugar donde un proyecto sensible permanece esperando.
Nuevamente aparecen intereses económicos fuertes. Nuevamente aparecen demoras. Nuevamente aparecen silencios. Quizá sea azar.
O quizá algunos proyectos solo laten cuando el lobby les toma el pulso. Mientras tanto, Yulixa Tolosa continúa desaparecida. Y un país entero observa cómo la institucionalidad parece haberse especializado en administrar tragedias consumadas en lugar de prevenirlas. Porque aquí la prevención tiene un problema: no genera espectáculo.
El Senado de la República debe convocar con urgencia la plenaria para el cuarto debate del Proyecto de Ley 237 de 2024 / 311 de 2023 y aprobarlo sin más dilaciones. No es un favor al sector de la cirugía estética formal; es una obligación con los pacientes que hoy mismo están siendo atendidos en algún cuarto con una camilla, sin que nadie los esté protegiendo.
Las Secretarías de Salud deben pasar del modelo reactivo al preventivo: operativos de inspección programados, sistemas de denuncia ciudadana con respuesta efectiva, bases de datos públicas de centros habilitados accesibles desde el teléfono celular. Y el Ministerio de Salud debe asumir la rectoría del problema con campañas de información que lleguen a los mismos canales incluyendo TikTok e Instagram donde hoy se publicitan los procedimientos clandestinos.
Yulixa Tolosa no debió haber entrado a ese cuarto. Pero el Estado colombiano le falló mucho antes de que ella cruzara esa puerta. Y seguirá fallando a la próxima paciente si el Congreso no actúa, si las Secretarías de Salud no salen de su rol contemplativo y si la ley sigue siendo una promesa que duerme en el cuarto debate de una plenaria que no se convoca.
El bisturí no puede seguir siendo más rápido que la ley.
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Por: Faiver Augusto Segura Ochoa
X: @faiver_segura
