Cinco billones atrapados: la justicia al servicio del negocio pensional.
Confieso que lo más difícil al escribir esta columna no fue entender el problema pensional colombiano, sino escoger un título capaz de describir con justicia el tamaño del despropósito. “Secuestro”, “atraco”, “confiscación”, “captura”, “negocio”, “saqueo”: todas las palabras parecían insuficientes frente a una realidad donde el trabajador cotiza durante cuarenta años, construye su pensión peso a peso, cumple todos los requisitos legales y aun así termina viendo cómo sus recursos permanecen retenidos en manos privadas mientras el Estado asume la obligación de pagarle.
Resulta casi imposible encontrar un lenguaje lo suficientemente duro para describir un sistema donde las AFP disfrutan durante décadas del ahorro del ciudadano, trasladan la carga económica al sector público cuando llega la hora de pensionarlo y, además, conservan el capital que ya no les pertenece, todo bajo la complaciente bendición de decisiones judiciales que terminan protegiendo más el negocio financiero privado que el derecho del pensionado. Tal vez el verdadero problema no sea encontrar un título mordaz, sino aceptar que la realidad terminó siendo mucho más agresiva y escandalosa que cualquier palabra disponible para describirla.
En Colombia, trabajar toda una vida ya no garantiza una vejez tranquila. Garantiza, a lo sumo, el derecho a entrar en una batalla jurídica y administrativa para reclamar lo que el trabajador construyó peso a peso durante décadas. El debate reciente sobre los cerca de cinco billones de pesos que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deben trasladar a Colpensiones, correspondientes a ciudadanos que ya consolidaron su derecho pensional, desnuda una realidad incómoda: el sistema pensional colombiano terminó convertido en un negocio donde el ahorro del trabajador parece pertenecerle a todos, menos al trabajador mismo.
Durante años, millones de colombianos cotizaron disciplinadamente en fondos privados bajo la promesa de que esos aportes eran su ahorro individual, su patrimonio y el fruto de una vida laboral construida con sacrificio. Cada descuento mensual del salario era presentado como una inversión personal para financiar la tranquilidad en la vejez.
Sin embargo, cuando el afiliado cumple la edad y las semanas necesarias, cuando finalmente alcanza el derecho a pensionarse, aparecen tecnicismos, disputas judiciales y decisiones institucionales que terminan favoreciendo no al pensionado, sino al administrador privado de esos recursos.
Aquí surge la gran contradicción moral y jurídica del sistema: las AFP administraron durante décadas el dinero del trabajador, obtuvieron utilidades multimillonarias derivadas de esa administración, cobraron comisiones incluso en periodos de pérdidas de los mercados y, cuando el afiliado logra pensionarse y se traslada a Colpensiones, pretenden conservar los recursos que precisamente deberían acompañar ese traslado.
Es decir, el trabajador sí fue trasladado. La obligación pensional sí fue trasladada. Pero el dinero no.
La lógica resulta absurda. Es como si un banco cediera la deuda hipotecaria de un cliente a otra entidad, pero decidiera quedarse con el inmueble. O peor aún: como si el Estado asumiera la obligación de pagar una prestación vitalicia mientras el sector privado conserva el capital que debía financiarla.
Lo más preocupante es que este modelo ha terminado siendo legitimado institucionalmente. La suspensión del traslado de esos recursos por parte del Consejo de Estado representa un golpe directo contra el derecho material de los pensionados. Aunque jurídicamente pueda revestirse de cautelas procesales o argumentos técnicos, el efecto práctico de la decisión es evidente: las AFP continúan administrando y beneficiándose económicamente de unos recursos que ya no deberían estar bajo su control.
Y aquí el protagonismo del Consejo de Estado merece una mención aparte. Resulta difícil explicar cómo una alta corporación llamada a proteger la legalidad y los derechos termina produciendo decisiones que, en la práctica, congelan recursos de trabajadores pensionados mientras las AFP continúan obteniendo provecho financiero de ellos. Bajo el ropaje de providencias “prudentes” o “garantistas”, el Consejo de Estado termina convirtiéndose en un inesperado aliado del negocio privado pensional, patrocinando un modelo donde el capital permanece en manos de quienes ya obtuvieron utilidades suficientes por administrarlo, mientras el Estado asume la obligación de pagar las mesadas.
Lo verdaderamente absurdo es que la justicia termine funcionando como un mecanismo de protección patrimonial para conglomerados financieros y no como una garantía efectiva para el ciudadano que trabajó cuarenta años cotizando disciplinadamente. En lugar de corregir una evidente distorsión del sistema, el Consejo de Estado parece haber decidido institucionalizarla.
Porque aquí conviene decir algo que frecuentemente se oculta en el debate público: el dinero acumulado durante la vida laboral no es un regalo de las AFP ni un activo corporativo de las administradoras privadas. Es dinero del trabajador. Dinero construido con años de madrugadas, jornadas extenuantes, descuentos obligatorios y sacrificios familiares. Cada peso allí acumulado representa tiempo de vida humana convertido en ahorro pensional.
Y aun así, el sistema parece operar bajo una lógica perversa: privatizar las ganancias y socializar las obligaciones. Las AFP se quedan con los recursos mientras Colpensiones asume la carga del pago pensional mensual. El sector privado conserva el músculo financiero; el Estado absorbe el costo social.
La ecuación es extraordinariamente conveniente para los fondos privados. Durante décadas reciben el flujo constante de cotizaciones, administran portafolios gigantescos, generan rentabilidad financiera y fortalecen conglomerados económicos. Luego, cuando el afiliado alcanza la edad en que empieza a exigir la materialización de su derecho, el pensionado termina trasladado al régimen público y el Estado debe responder por las mesadas.
Pero si además las AFP retienen los recursos correspondientes al afiliado pensionado, el negocio alcanza niveles difíciles de justificar ética y jurídicamente.
No puede perderse de vista que esos cinco billones retenidos no son una cifra abstracta. Son recursos con destinación específica. Tienen nombre, historia y origen: pertenecen a trabajadores concretos que ya cumplieron todos los requisitos exigidos por la ley. Personas que ya hicieron todo lo que el sistema les pidió durante su vida productiva.
Mientras tanto, Colpensiones queda atrapada en una posición compleja: debe asumir el reconocimiento y pago de las pensiones, responder ante los ciudadanos y sostener la carga fiscal correspondiente, aun cuando los recursos asociados a esos afiliados permanecen en manos privadas.
Es decir, el riesgo social se estataliza, pero el capital permanece privatizado. La pregunta de fondo es inevitable: ¿para quién funciona realmente el sistema pensional colombiano?
Porque si después de cotizar toda una vida el trabajador debe enfrentar barreras para que sus recursos sigan el destino natural de su pensión, entonces el problema ya no es simplemente administrativo. Es ético. Es político. Y profundamente social.
Un sistema pensional debería existir para proteger al ciudadano en la etapa de mayor vulnerabilidad económica de su vida. No para garantizar la permanencia indefinida de recursos en estructuras financieras privadas. Mucho menos para permitir que quienes ya obtuvieron enormes beneficios administrando el ahorro laboral continúen lucrándose incluso después de extinguido el vínculo material con el afiliado.
Lo contrario equivale a convertir el ahorro pensional en un instrumento perpetuo de rentabilidad corporativa financiado por generaciones enteras de trabajadores. Y quizá allí reside la tragedia más silenciosa de este debate: miles de colombianos creyeron durante años que estaban construyendo su seguridad económica futura, cuando en realidad pareciera que terminaron fortaleciendo un modelo donde el verdadero blindaje financiero no es para el pensionado, sino para quienes administran su dinero.
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Por: Faiver Augusto Segura Ochoa
X: @faiver_segura
