En Colombia ya se volvió un ritual la discusión por el Presupuesto General de la Nación. Se repite la misma escena, cifras gigantes, promesas de inversión y al final, la misma duda de siempre: ¿alcanza la plata?
El de 2026 llegó al Congreso por $556,9 billones, un número que impresiona, pero que en la práctica se queda corto; casi todo ya tiene dueño. Más del 90 % se va en pensiones, deuda y salud, de modo que la pelea política de cada año se reduce a un pedazo muy pequeño de la torta.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, lo vende como un presupuesto serio, que da estabilidad. Sus críticos, en cambio, insisten en que los tijeretazos vuelven a caer sobre la inversión social y dejan a las regiones con menos oxígeno. Y ojo: el Congreso tiene plazo hasta el 20 de octubre; si no se aprueba, queda en firme el proyecto que envió el Gobierno.
Lo que sigue es una negociación dura, con elecciones respirando en la nuca. Algunos partidos buscarán blindar programas sociales, mientras otros pondrán sobre la mesa proyectos puntuales para sus territorios. Y ahí reaparece la pregunta de fondo: ¿Quién paga la cuenta? Porque si el ajuste vuelve a caer sobre departamentos como el nuestro, poco habrá cambiado.
El pulso tampoco se limita al monto. Está en juego si sobrevive la reforma tributaria de $26 billones para financiar el presupuesto completo; o si el Congreso opta por un plan sin tributaria, pero con espacio para priorizar intereses regionales. Existe incluso la posibilidad de repetir lo del año pasado, que la salida sea el “decretazo típico de Petro”, un presupuesto expedido desde la Casa de Nariño.
La verdad es que hoy en el Capitolio hay varios caminos abiertos y el desenlace dependerá menos tecnicismos y más de la negociación política; hasta dónde cede el Gobierno, qué condiciones imponen los independientes y qué tanto empuje logre la oposición.
Más allá de ese pulso, lo fundamental es que el presupuesto se piense con criterio regional. Que cada recorte y cada reasignación tengan en cuenta a los departamentos.
Porque, al final, esa es la clave, que el Congreso ajuste la balanza para que el hilo no se vuelva a romper por lo más delgado. Porque cuando eso pasa, la cuenta la paga el ciudadano de a pie.
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Por: Sebastián Camilo Durán Cortés
Exconcejal más joven del Huila
Abogado
