El Gobierno radicó en el Congreso una reforma tributaria que busca recaudar 26,3 billones de pesos en 2026.
El pasado 1 de septiembre de este 2025, el Gobierno de Colombia presentó al Congreso una nueva reforma fiscal con el objetivo de recaudar 26,3 billones de pesos colombianos para financiar el presupuesto de gastos del año 2026.
Esta cifra supera los 19 billones de pesos contemplados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que además de cubrir necesidades de 2026, se busca asegurar la estabilidad fiscal en 2027. En caso de no aprobación, el presidente Gustavo Petro advirtió que se recurrirá a mayor endeudamiento.
La iniciativa establece nuevos gravámenes a bienes y servicios que hasta ahora estaban exentos. Entre ellos, se incluye el cobro de IVA del 19% a entradas para eventos culturales y deportivos que superen los 470.000 pesos, así como a las apuestas, plataformas digitales extranjeras, combustibles y compras internacionales. Además, se propone incrementar el impuesto a vehículos híbridos, que pasaría del 5% al 19%, y establecer cobros sobre remesas menores a 200 dólares.
“La reforma busca aumentar ingresos ajustando impuestos a productos de alto consumo como cervezas y refajos, mientras ofrece rebajas de sanciones e intereses para facilitar que contribuyentes se pongan al día. Además, introduce un sistema para negociar bonos de transición energética y atraer inversión al sector, aunque la reducción de beneficios tributarios podría desmotivar a los inversionistas y frenar el crecimiento de proyectos sostenibles”, comentó Sara Valbuena, directora legal de Ventus Consultores.
Y es que, en medio del debate nacional sobre la nueva reforma tributaria, distintos sectores han expresado su preocupación por el impacto que podrían tener las medidas propuestas en la economía del país.
Los especialistas coinciden en que, si bien es necesario fortalecer el recaudo y mejorar el sistema fiscal, cualquier ajuste debe estar alineado con la realidad financiera de los hogares y las empresas para evitar efectos contraproducentes
“La reforma tributaria plantea ajustes sensibles, como el aumento del impuesto a la renta para personas naturales hasta un 41 % y la reducción del umbral del impuesto al patrimonio, lo que obligaría a más ciudadanos a tributar pese a no contar con grandes patrimonios. Este escenario no sólo impactaría la capacidad económica de los hogares, especialmente de la clase media, sino que podría incentivar estrategias de evasión por parte de las empresas y así replantear sus operaciones”.
Sin embargo, no podemos decir que hay intenciones muy positivas, como la eliminación de la ineficacia de las retenciones. Anudado a que trae amnistías tributarias buscando la normalización de contribuyentes en mora u omisos, estos beneficios deberán ser analizados en cumplimientos constitucionales.
Para finalizar, el Congreso tendrá ahora la responsabilidad de evaluar los cambios propuestos y buscar consensos con esta nueva propuesta del gobierno que promete convertirse en uno de los debates más intensos del año legislativo.
Mientras el Gobierno defiende la necesidad de garantizar estabilidad fiscal y financiar programas sociales, los empresarios, expertos y ciudadanos piden ajustes que eviten sobrecargar a la clase media y a los sectores productivos.
