La angustia como una de las plagas del antiguo Egipto hoy se enseñorea en todos los hogares de los productores de arroz en Colombia. Luego de dos ocasiones en que se instalaron en las vías de los municipios vecinos a sus lotes sembrados, continúa el viacrucis de la bancarrota sobre sus cabezas.
En la jornada de marzo, el gobierno en el Espinal primero y luego en el llano, firmó actas en que se comprometía a entregar unos recursos de apoyo a la comercialización a quienes sembraron en el primer semestre y a destinar auxilio para las labores de fertilización en lo que se conoció como FAIA. Después de una larga espera para que se expidiera una resolución, se publicara el reglamento operativo y se escogiera al ejecutor del acuerdo, el tiempo para los reclamos se agotó y a la fecha los recursos entregados son ínfimos, las pérdidas en el primer semestre fueron cuantiosas.
Avisados los productores que no habría precio justo para la cosecha del segundo semestre se vieron obligados nuevamente a salir a las carreteras, tras las dilaciones del gobierno para encontrar una solución y la evidente renuencia de la molinería a pagar un valor que atendiera siquiera sus costos de producción.
Tras la segunda protesta, en agosto el Ministerio de Agricultura expidió una resolución consultada con la SIC para adelantar la vigilancia de precios que obliga al oligopolio de molineros al pago de arroz paddy a unos precios de acuerdo con la zona de siembra por las diferencias tecnológicas y disponibilidad de infraestructura de riego que impactan los costos de producción, sin embargo a la fecha, provistos de la argucia de recibir el cereal para adelantar la labor de secado contra pago de los productores por el servicio prestado, burlan la resolución que no contempla un precio por arroz paddy seco.
Con la artimaña andando y abusando de la indefensión de los arroceros se apropian del producto sin fijar plazo y precio para adquirir el producto. Los obligan a firmar un documento en que renuncian al derecho que les otorga la resolución a cobrar a los precios fijados por el gobierno, precios que son el resultado de evaluar en el terreno los costos promedio de producir arroz en las diferentes regiones.
A nadie se le puede obligar a perder plata, por esa razón se acompañó la resolución de la compra de paddy verde con otra que protege el precio a los molineros de la venta del arroz blanco que es el producto resultado de todo el proceso. Así queda en evidencia la decisión de la industria de “descremar” el mercado como eufemísticamente se nombra la quiebra de miles de productores. La industria parece confiar en los proveedores extranjeros que ofrecen grano a menor precio gracias a enormes subsidios o costo país favorables en otras naciones productoras como Estados Unidos y Ecuador respectivamente.
Olvidan la experiencia vivida en el pasado por la industria textil que celebró la quiebra de los productores de algodón convencidos de las supuestas bondades del “cotton” americano, la historia los relegó en el camino porque las telas y confecciones legales e ilegales traídas de diferentes puntos del planeta las terminaron por sacar del mercado. Miles de puestos de trabajo y enorme riqueza que contribuía al desarrollo nacional se perdieron, así como sus nombres: Coltejer, Fabricato, Tejidos Obregón, Pepalfa, Caribú y Everfit entre muchas otras. Igual suerte puede terminar siendo la de la molinería, ya se aprecia de alguna manera en la conversión de Diana en un empaquetador y comercializador de granos importados.
Además de la pérdida de la producción nacional y el empleo lo más grave es la incertidumbre de la seguridad alimentaria que en el futuro dependerá de la posibilidad de importar la comida de los colombianos.
—
Por: Libardo Gómez Sánchez – libardogomez@gmail.com
X: @libardogomezs
