“El mercado de la enfermedad: cuando el Estado abandona su deber”, “Ni derecho ni dignidad: la salud atrapada en la trampa del negocio”, “EPS, tutelas y exclusión: así se mantiene un Estado de cosas inconstitucional”, cualquiera de estos titulares nos recuerda el concepto de Estado de cosas inconstitucional en el sistema de salud colombiano.
Por décadas, el sistema de salud colombiano ha sido presentado como un modelo de éxito regional en términos de cobertura. Con más del 98 % de la población afiliada a algún régimen de aseguramiento, parecería que el derecho a la salud ha sido garantizado.
Sin embargo, esta imagen contrasta con una realidad que millones de colombianos enfrentan a diario: negaciones injustificadas, interminables trámites para acceder a tratamientos, listas de espera, barreras geográficas, económicas y administrativas, y, en muchos casos, la necesidad de acudir a una tutela para acceder a servicios esenciales.
En 2008, la Corte Constitucional recogió esta situación en una histórica sentencia, la T-760, donde declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) del sistema de salud. ¿Qué significa esto? Que las violaciones a los derechos fundamentales en salud no son hechos aislados ni errores puntuales, sino consecuencia de fallas estructurales persistentes en la forma como se organiza, gestiona y financia el sistema. Se trata de una crisis estructural, no coyuntural.
El ECI declarado por la Corte evidencia que el modelo instaurado por la Ley 100 de 1993 —centrado en la competencia regulada y la intermediación financiera a través de Entidades Promotoras de Salud (EPS)— ha producido más desigualdades que soluciones.
Si bien el aseguramiento formal creció, la equidad, la calidad y la oportunidad en el acceso no lo hicieron al mismo ritmo. El modelo, lejos de garantizar el derecho a la salud, lo ha fragmentado, mercantilizado y convertido en un terreno fértil para la exclusión y el lucro.
Uno de los problemas más graves es la persistente brecha entre cobertura y acceso efectivo. Muchos ciudadanos están “asegurados”, pero no acceden de manera real a los servicios, o solo lo hacen cuando su estado de salud ya está deteriorado.
Este fenómeno, que algunos expertos han llamado pseudoaseguramiento, se traduce en una atención tardía, desarticulada y frecuentemente judicializada. El altísimo número de tutelas por servicios de salud (más de 100 000 por año) lo confirma: el acceso no se da como derecho, sino como resultado de una lucha individual ante el Estado.
A esto se suma el papel ambiguo de las EPS. En teoría, estas entidades existen para garantizar el acceso a los servicios de salud, afiliar usuarios, organizar redes y gestionar el riesgo en salud. En la práctica, muchas EPS priorizan su sostenibilidad financiera sobre el bienestar de los pacientes.
La falta de transparencia en el uso de recursos, el retraso en pagos a hospitales y clínicas, la priorización de utilidades y la negación de servicios con criterios netamente administrativos, configuran un modelo donde la salud se convierte en mercancía. Las reformas que han intentado regular a las EPS han sido, en su mayoría, tímidas y parciales, sin atacar el problema de fondo: la incompatibilidad entre el lucro privado y la garantía universal del derecho a la salud.
Otro fenómeno estructural es la integración vertical entre EPS e IPS, es decir, cuando las aseguradoras son dueñas de las clínicas y hospitales que prestan los servicios. Si bien esta figura podría mejorar la articulación de la atención, en la práctica ha generado conflictos de interés, priorización de redes propias sin criterios de calidad y restricciones a la libre elección por parte de los usuarios. La lógica del negocio termina imponiéndose sobre el principio de dignidad humana.
El rol del Estado ha sido, lamentablemente, débil y reactivo. Las entidades de control, como la Superintendencia Nacional de Salud, han demostrado limitaciones serias para fiscalizar, sancionar y garantizar el cumplimiento de las funciones de las EPS.
Por otro lado, los planes de beneficios (POS) fueron por muchos años desactualizados y desiguales entre los regímenes contributivo y subsidiado, lo cual generó discriminación en el acceso. Aunque la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015) avanzó al reconocer la salud como un derecho fundamental autónomo, su implementación real sigue siendo deficiente.
La salud pública también ha sido víctima del modelo. Las EPS han centrado su acción en la atención curativa, dejando de lado la prevención, la promoción de la salud y la intervención sobre los determinantes sociales. Esto ha debilitado la capacidad del país para enfrentar desafíos estructurales como la obesidad, la violencia, las enfermedades crónicas no transmisibles y las condiciones ambientales. El sistema actual gestiona enfermedades, pero no construye salud.
Superar el estado de cosas inconstitucional exige algo más que ajustes administrativos. Requiere una reforma estructural, basada en principios de equidad, justicia social, fortalecimiento de lo público y participación ciudadana. El país necesita avanzar hacia un modelo preventivo, universal, no segmentado, sin barreras financieras ni geográficas, donde la vida y la dignidad humana sean el centro de las decisiones, no el balance contable de una EPS.
La salud en Colombia no puede seguir funcionando como un mercado ni seguir dependiendo de la voluntad del juez para que se respete un derecho. El ECI persiste, y con él, la deuda histórica del Estado con millones de personas que siguen viendo la salud como un privilegio, no como lo que realmente es: un derecho fundamental. Porque mientras el sistema siga priorizando balances financieros sobre vidas humanas, mientras el lucro esté por encima del cuidado, y mientras la salud siga tratándose como un privilegio, el Estado seguirá incumpliendo su deber constitucional.
P.D. El Congreso debe legislar con visión de país, justicia social y dignidad humana. Colombia necesita un sistema de salud que cuide, proteja y salve, no que excluya, niegue y enferme.
La salud no es negocio. Es un derecho. No podemos seguir tolerando un modelo que trata a los ciudadanos como clientes y no como titulares de derechos. Cada demora legislativa prolonga el sufrimiento de millones. Actúen con responsabilidad.
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Por: Faiver Augusto Segura Ochoa
Twitter -X: @faiver_segura
