En Colombia hemos convertido la reducción del estado en una promesa electoral. Menos funcionarios, menos contratos, menos burocracia; esto suena atractivo para un país cansado de los privilegios políticos, la corrupción y el desperdicio de recursos públicos, pero detrás de esa aparente sensatez económica se esconde una verdad oculta: ¿Cuánto nos cuesta realmente un estado que pierde su capacidad de pensar, planear, vigilar y ejecutar?
No toda reducción del gasto representa un ahorro, a veces es simplemente una factura que pagaremos después, con intereses. Cuando una entidad elimina ingenieros, debilita sus equipos de planeación o prescinde de profesionales encargados de supervisar contratos, puede mostrar balances administrativos favorables.
Sin embargo, una carretera mal diseñada, un hospital inconcluso o un acueducto que nunca funciona pueden costar varias veces lo que habría significado conservar un equipo técnico competente. Lo barato termina siendo extraordinariamente caro.
En salud conocemos bien esta paradoja, ahorrar en prevención, vigilancia epidemiológica, mantenimiento hospitalario o talento humano puede mejorar temporalmente algunos indicadores financieros, mientras deteriora silenciosamente la capacidad de respuesta del sistema y el resultado aparece después; diagnósticos tardíos, complicaciones evitables, servicios colapsados y pacientes que terminan pagando con su sufrimiento las decisiones de un escritorio.
Con el estado ocurre algo semejante, la capacidad institucional también necesita prevención, mantenimiento y diagnóstico oportuno; pero tampoco podemos defender una burocracia ilimitada. Colombia arrastra estructuras administrativas duplicadas, cargos creados para pagar favores políticos, contratación innecesaria y entidades cuya productividad resulta difícil de demostrar.
Defender indiscriminadamente cada puesto público sería tan irresponsable como celebrar cualquier recorte. La discusión debería abandonar la falsa confrontación entre el estado grande y el estado pequeño, y preguntarnos y cuestionarnos acerca de qué capacidades debe garantizar un Estado para cumplir su propósito.
Propongo tres decisiones concretas:
Primero, realizar auditorías independientes de capacidades institucionales antes de ejecutar reducciones de personal. No basta contar funcionarios, debemos identificar cuáles funciones son esenciales, cuáles están duplicadas y dónde existen riesgos críticos.
Segundo, proteger, mediante criterios técnicos, los equipos de planeación, ingeniería, interventoría, salud pública y supervisión contractual. Estas capacidades deben fortalecerse mediante concursos transparentes, formación continua y evaluaciones de desempeño, y no convertirse en refugios de clientelismo.
Tercero, medir el costo real de las decisiones públicas. Cada ahorro administrativo debería contrastarse con sus consecuencias en la calidad, la oportunidad, los sobrecostos, los litigios y el bienestar ciudadano. La eficiencia no puede medirse exclusivamente por cuánto se deja de gastar.
Hay, además, una pregunta que merece discusión a nivel regional: ¿cuántos proyectos inconclusos del Huila y de Colombia podrían haberse evitado con instituciones técnicamente más sólidas y menos sometidas a los ciclos políticos?
El pensamiento estratégico exige mirar más allá del próximo presupuesto o de las próximas elecciones. Gobernar también significa preservar capacidades que tardan décadas en construirse y pueden destruirse con una firma. No necesitamos un estado que cueste poco en el papel y demasiado en la práctica, sino uno que justifique cada peso que recibe por el valor público que produce.
Porque la verdadera austeridad no consiste en gastar menos a cualquier precio, sino en evitar que las malas decisiones terminen costándonos el futuro.
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Por: Adonis Tupac Ramírez Cuéllar
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