Si hay algo que he aprendido de mi experiencia en la administración pública y en la actividad política -como me lo enseñó el profesor Antanas Mockus- es la importancia de trabajar sobre lo construido. Por desgracia, ese no parece ser el talante del nuevo gobierno, cuyos voceros se han dedicado a denigrar de lo divino y lo humano del anterior, como si la campaña no hubiese terminado.
Lo que corresponde ahora es concentrarse en el aspecto técnico y recibir la múltiple información necesaria para preparar un gobierno que conozca el estado actual de las condiciones económicas, financieras y administrativas de Colombia.
Ya es hora de pasar la página y entender que se debe gobernar para los más de cincuenta millones de colombianos, no para “la manada”, como algunos insisten en repetir. El presidente es el símbolo de la unidad nacional y debe gobernar, como lo ordena la Constitución, en calidad de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa.
Una de las principales tareas del nuevo gobierno —y que parece no haber comprendido aún— es garantizar el respeto por la Constitución. Ello implica poner en primer lugar la vigencia del Estado Social de Derecho (Artículo 1), que establece que el Estado debe asegurar los derechos fundamentales, la equidad y el bienestar social, promoviendo la reducción de las desigualdades.
Somos un país desigual e inequitativo, que margina a las poblaciones rurales y discrimina a nuestros indígenas, afrodescendientes, jóvenes, mujeres, niños y ancianos. Colombia requiere ajustes estructurales y no debe retroceder en avances como la reforma rural, la legalización y entrega de tierras, un salario mínimo digno y una educación pública gratuita y de calidad.
Este gobierno debe respetar la dignidad humana (Artículo 1), principio que constituye el pilar central y el límite de la actuación estatal, asegurando condiciones de vida adecuadas para todas las personas, sin distinción de raza, sexo, condición política o social.
Asimismo, tiene la obligación de garantizar la democracia participativa y pluralista (Artículo 1), fomentando la participación activa de los ciudadanos en la vida política y social, reconociendo la diversidad cultural, étnica y de pensamiento. Debe garantizar que el país que no estuvo de acuerdo con su elección también se vea reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo.
Por supuesto, el gobierno debe asegurar la prevalencia del interés general (Artículo 1), estableciendo que, en caso de conflicto, el bienestar colectivo está por encima del interés particular. La transición energética y el respeto al medio ambiente deben prevalecer sobre cualquier proyecto minero o energético.
A este gobierno le corresponde garantizar igualmente los principios de solidaridad y trabajo (Artículo 1), reconociendo el trabajo como valor fundacional y promoviendo la solidaridad con las personas en situación de vulnerabilidad. No debe retrocederse en las conquistas laborales pues existe la prohibición constitucional de no regresividad de derechos sociales.
Debe también reconocer la soberanía popular (Artículo 3), pues el poder reside exclusivamente en el pueblo, que lo ejerce a través de sus representantes o mediante mecanismos de participación ciudadana.
En definitiva, el nuevo gobierno debe promover la igualdad (Artículo 13) en un país profundamente desigual, para que todas las personas, nacidas libres e iguales ante la ley, reciban del Estado la misma protección y trato, sin discriminación y, sobre todo, sin odio. Ese odio que hoy carcome nuestra sociedad y se alimenta día a día de quienes, por desgracia, olvidan que ahora representan a todos los colombianos.
Conclusión
El verdadero reto del nuevo gobierno no es destruir lo anterior, sino construir sobre lo existente con visión, respeto y compromiso constitucional. Gobernar implica unir, no dividir; escuchar, no imponer; y garantizar que cada decisión fortalezca la dignidad humana y el Estado Social de Derecho. Solo así podrá demostrarse que el poder no se ejerce para unos pocos, sino para todos los colombianos que esperan un país más justo, equitativo y solidario.
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Por: Alfredo Vargas Ortiz
Abogado Universidad Surcolombiana, Magíster
Doctor en Derecho Universidad Nacional de Colombia
Director del Grupo de Investigación Derecho Internacional de Paz
