La solidaridad es una de las expresiones más nobles de nuestra sociedad; cuando una tragedia golpea a miles de familias, los colombianos respondemos con generosidad. Sin embargo, siempre me ha persistido esta duda, ¿quién vigila el dinero que entregamos en nombre de quienes lo han perdido todo?
El terremoto que devastó las regiones del Eje Cafetero, Chocó y Valle del Cauca dejó, además de miles de víctimas y destrucción, una controversia sobre el manejo de las donaciones, como ha ocurrido en diferentes tragedias.
En esta tragedia se sumó una situación particular, La fundación Colombia luz y sonrisas, encabezada por Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella, fue promovida como uno de los canales para recibir recursos destinados a los damnificados.
Aunque la DIAN confirmó que la fundación está legalmente registrada y pertenece al régimen tributario especial, persiste una pregunta, ¿Cuánto dinero recibió?, ¿Cómo se administró y quién verificó su destinación?
Aquí debemos distinguir dos dimensiones; la jurídica y la ética. Desde el derecho, las fundaciones privadas poseen autonomía administrativa y no están obligadas a publicar toda su contabilidad como una entidad estatal. Sin embargo, esa autonomía no es absoluta. La Ley 1712 de 2014 establece obligaciones de transparencia para organizaciones privadas que administren o reciban recursos públicos, respecto de esos recursos.
La Ley 1755 de 2015 permite presentar derechos de petición ante fundaciones privadas cuando se busca garantizar derechos fundamentales. La Ley 850 de 2003 contempla, además, mecanismos de veeduría ciudadana sobre la gestión pública.
Esto significa que la sociedad civil puede solicitar información, aunque el alcance de su exigibilidad dependerá del origen de los fondos, la naturaleza de la actividad y los derechos involucrados. Las donaciones privadas no se convierten automáticamente en recursos públicos por haber sido promovidas desde el gobierno, pero existe una dimensión aún más importante; la responsabilidad ética.
Cuando una fundación vinculada familiarmente al poder presidencial recibe donaciones mediante una campaña difundida institucionalmente, adquiere una responsabilidad especial frente a la confianza ciudadana. No necesariamente porque exista una irregularidad, sino porque deben prevenirse los conflictos de intereses y las dudas sobre la administración de los recursos.
La transparencia no debería comenzar cuando aparece una denuncia, un derecho de petición o una tutela; debería formar parte del compromiso inicial con los donantes y, especialmente, con las víctimas.
Publicar cuánto se recibió, cuánto se gastó, cuánto permanece disponible y quiénes fueron beneficiados no constituye una condena anticipada, es una práctica elemental de responsabilidad institucional.
Tampoco sería justo confundir ausencia de información con demostración de corrupción; toda acusación exige pruebas y respeto por la presunción de inocencia. Colombia necesita una cultura en la que rendir cuentas sea una virtud cotidiana, no una obligación arrancada mediante decisiones judiciales.
Porque las tragedias no deben convertirse en escenarios de disputas políticas, sino en oportunidades para fortalecer la confianza. La solidaridad nace de la generosidad, pero solamente perdura cuando está acompañada de transparencia.
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Por: Adonis Tupac Ramírez Cuéllar
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