El representante a la cámara Daniel Briceño ha convertido la eliminación de los llamados impuestos saludables en una de sus banderas políticas. Su tesis es fanfarrona, los califica como “una estafa a los colombianos”, sostiene que no han modificado los patrones de consumo y afirma que la evidencia internacional tampoco demostraría beneficios relevantes para la salud.
El problema no es que un congresista cuestione una política pública; eso es parte de su trabajo. El problema aparece cuando una conclusión tan categórica no representa adecuadamente el conocimiento científico disponible, cuando usa sus redes para difundir información errónea, cuando usa su voz solo para gritar sin evidencia y cuando usa artículos “científicos” sin interpretar la evidencia de forma adecuada.
La Asociación Colombiana de Salud Pública acaba de intervenir en esta discusión con un documento que aclara de forma categórica esta situación: “Impuestos saludables: preservar, evaluar y fortalecer”.
Su posición es razonable, retirar una política apenas dos años después de su implementación, sin una evaluación rigurosa que justifique hacerlo, sería abandonar una herramienta precisamente cuando comienzan a existir condiciones para medir sus resultados en Colombia.
La evidencia internacional dista bastante de respaldar la afirmación de que estos impuestos simplemente encarecen los productos sin modificar el consumo. Una revisión sistemática que incluyó 86 estudios —62 de ellos metaanálisis— encontró una reducción promedio del 15 % en las ventas de bebidas gravadas, además de cambios en la reformulación y en el contenido de azúcar, sin identificar efectos negativos sobre el empleo. La OMS, además, reiteró en 2026 su llamado a fortalecer la tributación de bebidas azucaradas como instrumento para prevenir enfermedades y promover la equidad.
¿Significa esto que ya conocemos todos sus efectos en Colombia? No. Y precisamente allí está la diferencia entre pensamiento científico y argumentación política; la ausencia de evidencia nacional definitiva después de apenas dos años no constituye evidencia de ausencia de efecto. La propia Asociación Colombiana de Salud Pública (ACSP) reconoce las incertidumbres y propone una evaluación independiente, transparente y técnicamente rigurosa.
Hay, además, otra cuestión que Briceño debería afrontar con absoluta transparencia. Una investigación de Vorágine documentó que su campaña recibió 50 millones de pesos de la Fundación ProPública, organización cuyos órganos directivos están integrados por miembros de la familia Eder Garcés, propietaria del Ingenio Manuelita.
Briceño ha respondido que el aporte fue público y debidamente reportado, y niega que haya habido influencia indebida. Conviene aclararlo, este hecho no demuestra por sí mismo un conflicto de interés jurídico ni prueba que su posición haya sido comprada, pero sí configura una relación que merece escrutinio público cuando el congresista promueve una legislación con consecuencias económicas directas para sectores relacionados con el azúcar.
La discusión tampoco debe reducirse a defender impuestos porque sí; debemos exigir al Gobierno resultados, la medición del impacto, transparencia en el recaudo y, como propone la ACSP, explorar que una proporción verificable de esos recursos financie la prevención, la atención primaria, la actividad física y la alimentación saludable.
En salud pública las políticas pueden discutirse, corregirse e incluso derogarse, pero primero hay que evaluarlas. La ciencia exige algo contundente para la política: que la evidencia pese más que el eslogan y que los intereses en torno a una decisión sean completamente transparentes.
—
Por: Adonis Tupac Ramírez Cuéllar
adonistupac@gmail.com
X: @saludempatica
