La historia comenzó el viernes pasado cuando, en medio del paro nacional, se presentaron graves disturbios en el sur de Bogotá. Durante los mismos, desadaptados la emprendieron contra el sistema de transporte masivo. Entre ellos estaba la youtuber.
La Fiscalía anunció que la judicializaría y pidió que fuera detenida. No obstante, la jueza que conoció inicialmente el caso la dejó en libertad por no considerarla un peligro para la sociedad. La joven, entonces, agradeció a su estilo esa polémica decisión.
Pero no se saldría con la suya. Aunque se presentó ante la justicia, los fiscales la llevaron a audiencia para imputarle los delitos de falsedad en documento privado, daño en bien ajeno, obstrucción en vía pública e instigación para delinquir con fines terroristas.
No aceptó los cargos, pero el togado encargado del caso esta vez le impuso varias medidas: aunque queda en libertad, deberá presentarse cada 30 días ante el juez de conocimiento asignado y le prohibió utilizar redes sociales y participar en medios de comunicación.
El juez también la sancionó con una multa equivalente a 10 salarios mínimos.
Los daños que generó Epa Colombia en Transmilenio superan los 1.200 millones de pesos.
