Adiós Uber

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En una cosa estoy de acuerdo con Gustavo Petro.  Colombia, no es, y nunca ha sido en realidad, un país capitalista.

Y la terrible decisión judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio que hace poco puso fuera del comercio legal a UBER en Colombia, demuestra que nuestra economía está sustentada en la protección a empresarios que tienen como principal arma de comercio las prácticas oligopólicas.

La historia es así

Colombia, es uno de los pocos países del mundo, en el cual el transporte de bienes, mercancías y personas se hace preferentemente en vehículos automotores y no en vías férreas.

Y sí usted se pregunta cuál es el problema, pues debería inquirir a un importador o a un exportador de los bienes que consume a diario, que tramo de transporte es más barato; uno desde cualquier puerto de la tierra, pensemos de Ciudad de Panamá o Hong Kong a Buenaventura, o el transporte de Buenaventura al interior del país.   Se aterrará usted en saber que a veces el valor el transporte al interior del país duplica o triplica, el costo de transporte desde exterior a cualquier puerto de Colombia.

¿La razón?  El transporte en Colombia se hace en camiones y buses, que consumen combustible Gasolina o Diessel e impuesto de tasa, que gastan en fletes, más seguros, más peajes, más el valor del trabajo del conductor, más el desgaste del vehículo y otros costos anexos.   Esa inversión en transporte, la paga realmente usted en el precio de los productos que consume. No sea inocente, ese costo no lo asume ni el dueño de la mercancía, ni mucho menos el dueño del vehículo.

Y guardadas las proporciones, pasa lo mismo con el transporte de pasajeros.

Por allá en 1988 cuando fue necesario liquidar Ferrocarriles Nacionales de Colombia, todos los gobiernos de nuestro país y todos los presidentes sin excepción, en vez de impulsar y modernizar el transporte férreo del país, prácticamente acabaron con ese sistema de transporte, dándose prevalencia al transporte automotor a pesar de todas las desventajas económicas que tiene ese último sistema de transporte.  Dicen los chismes, que esa decisión es consecuencia de presiones de los importadores de vehículos de pasajeros y de carga.

Y para completar ese cuadro, que evidencia la insensatez dolosa de nuestros gobernantes, Colombia se inventó un sistema, de control del servicio de transporte de pasajeros y de carga con los famosos “cupos” de taxis, buses de servicio intermunicipal e interdepartamental y de vehículos de carga, que son vendidos a particulares la mayoría de las veces en procesos de franca corrupción adelantados por el Ministerio de Transporte o por secretarias de tránsito departamentales y municipales.

Esos “cupos” otorgan al particular el privilegio de poder prestar el servicio de transporte a través de “empresas legalmente constituidas” o “cooperativas” bien sea para transporte de pasajeros o trasporte de carga en el territorio nacional.

¿Y nosotros donde estábamos cuando nos metieron ese golazo?  A sí, pendientes primero de Pablo Escobar, y luego de las FARC.

Por razones que escapan a la comprensión de cualquier lego en economía, de este columnista y de cualquier colombiano del común, nunca se ha autorizado el aumento del número de dichos “cupos”, o se ha liberado dicho sistema restrictivo, aspecto pintoresco y abrumadoramente deprimente, que demuestra que, en este país, realmente la realidad supera siempre a la ficción.

Este es el único país del mundo en el cual aumentar el número de vehículos que prestan el servicio de transporte de carga y pasajeros tendría como supuesta consecuencia el incremento en los costos del transporte.  Dicen los dueños de esos “cupos” que hay “estudios económicos serios” que demostrarían esa realidad.

Ese sistema de “cupos”, esos papeles autorizados por nuestro perverso sistema legal, han permitido en perjuicio de todos nosotros, que el transporte en Colombia sea uno de los más costos e ineficientes de Latinoamérica y del mundo, verdadera génesis del transporte ilegal y del mototaxismo, y son un verdadero privilegio de empresarios que además tienen el dinero y el poder para lograr que ese sistema de transporte, responsable de la falta de infraestructura férrea de este país, no cambie, y lo más importante, no se liberalice.

Hoy por hoy, en Colombia, son más valiosos los famosos “cupos”, que los vehículos de transporte de pasajeros y de carga.  Por gusto, pregúnteselo usted a cualquier taxista, en cualquier ciudad de Colombia.

Es como tener un tesoro, una verdadera patente de corso de un estado que, con sus regulaciones ridículas, protegen a unos pocos en perjuicio de los demás ciudadanos, con normas internas que contradicen los compromisos adquiridos por Colombia en varios tratados internacionales y varios tratados de libre comercio, en donde el país precisamente se compromete a erradicar de su sistema económico las prácticas oligopólicas y monopólicas.

Y en medio de ese panorama, llega la tecnología a demostrarnos que es realmente un instrumento real de cambio social, permitiendo que a través de un teléfono celular cualquier persona que no tenga empleo, que no tenga oportunidades de estudio, que quiera llevar lícitamente comida al hogar, ponga su vehículo automotor al servicio de otro particular que necesite movilizarse.  Simple juego de oferta y demanda.

En otros países del mundo, donde los gobiernos son sensatos y no cometen la bestialidad de favorecer oligopolios, sino precisamente de favorecer el libre mercado y la iniciativa privada, no pasó nada, pues esos gobernantes saben que el libre mercado y la iniciativa privada son el motor que saca de pobres a los países y a las personas.  Allá, hay UBER y un centenar de aplicaciones similares que les facilitan la vida a las personas.

¿Qué pasó acá en Colombia?

Que las empresas de transporte, los propietarios de los taxis, y más específicamente, los propietarios de esos “cupos”, los dueños de ese oligopolio creado por el estado colombiano fueron los primeros en literalmente saltar de la silla. Era el colmo, que por culpa de una descarga gratuita de un programa informático se fuera a acabar una de las mafias legales más lucrativas de la historia de Colombia.

Y le recordaron al estado, que en Colombia la libre empresa e iniciativa privada no son nada, pues lo importante es proteger a los dueños de ese oligopolio, que son amigos de expresidentes, congresistas y lobistas del congreso.  Por eso, el pasado gobierno de Juan Manuel Santos y el actual de Iván Duque fueron incapaces de regular esas plataformas tecnológicas, algo que en otros países fue casi una formalidad.

¿Quiénes se benefician con la decisión judicial de la SIC, que por mucha juridicidad que la sustente, demuestra que en este país aún estamos en un sistema económico retrasado y cerrado a competir?

Se benefician los dueños de esos “cupos”, que tienen ganado el pulso a este y pasados gobiernos, pues saben que la liberación del trasporte de carga y pasajeros en Colombia requiere, ni siquiera de su consentimiento.  Requiere de su autorización.

Ellos, los dueños de esas empresas y de esos “cupos”, que han patrocinado a más de una figura pública en este país, deben estar felices viendo como ahora con una decisión judicial, se refuerza un sistema oligopólico, que está autorizado en una regulación legal y reglamentaria que varios expertos tildan como contraria a la Constitución, precisamente por favorecer en la práctica a unos pocos.

Y eso es a la postre lo más preocupante. Porque la gran labor de la Superintendencia de Industria y Comercio, contra la cartelización del cemento, de los pañales, de los útiles escolares, otros groseros oligopolios, fue borrada de tajo, con esta sinuosa decisión judicial.

Nuevamente vemos la mano siniestra del mal gobierno de este país, en la decisión que hoy saca a UBER de la legalidad en Colombia, multinacional que ya anunció que demandará al estado colombiano, precisamente por no cumplir compromisos en tratados internacionales y de libre comercio de erradicar del sistema económico prácticas oligopólicas, muy comunes en países subdesarrollados como el nuestro.

¿Adivina usted, cuál va a ser el resultado de ese pleito?

Por: Juan Pablo Murcia Delgado – murciajuanpablo@gmail.com

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