Al gobierno de Iván Duque Márquez, su marcada ideologización, empieza a costarle en el ámbito internacional más de lo que quiere reconocer. Y no hablemos del aparatoso ridículo que Colombia está haciendo con la solicitud de extradición de Aida Merlano a Juan Guaido, algo que debe ser objeto de burla de los servicios diplomáticos en todo el mundo.
Que las actuaciones y declaraciones irresponsables de Darío Acevedo, hayan concluido en la exclusión de Colombia, y particularmente del Centro Nacional de Memoria Histórica –CNMH-, de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, es algo que debería avergonzar a todos los colombianos.
Para entender la gravedad de lo sucedido, debe tenerse en cuenta a pesar de la reciente fundación de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, esa organización internacional se ha convertido en una de la más importantes voceras de las víctimas de conflictos armados en el mundo, lo cual, le ha dado especial relevancia en los concilios diplomáticos de la ONU, de la Unión Europea y por supuesto en el Departamento de Estado de EE.UU., sustentada dicha influencia, en el importante trabajo adelantado en Centroamérica, en oriente medio y en el norte y centro de África por esa agencia internacional.
La protección de las víctimas de los conflictos, no es un embeleco político de algunos académicos, como lo quieren hacer creer varios de los columnistas de opinión casados con la extrema derecha de este país; es realmente una tendencia y clamor de la humanidad en su conjunto, y parte del reconocimiento que la historia de la humanidad, desde el Alto Imperio Egipcio hasta la Primera Guerra Mundial fue siempre escrita por los vencedores, en perjuicio de los vencidos y de las víctimas de diversos procesos históricos y conflictos armados. Colombia y Latinoamérica en su conjunto son un vivo ejemplo de esa realidad.
Elizabeth Silkes, directora ejecutiva de esa organización, explicó que desde el 24 de septiembre de 2019 envió una solicitud de aclaración a Darío Acevedo, “atendiendo a las preocupaciones” por “pronunciamientos excluyentes y parcializados realizados a nombre del Centro Nacional de Memoria Histórica”. Esta académica, que durante mucho tiempo estuvo vinculada a Amnistía Internacional, se tomó el trabajo de explicar las razones de la exclusión de Colombia, en un acto que no deja dudas sobre la irresponsabilidad del Gobierno, y muy particularmente, del señor Darío Acevedo, en el tratamiento de las víctimas y de la verdad en el conflicto armado colombiano.
Cuando llegó al poder Álvaro Uribe Vélez, las víctimas trataron de ser ocultadas por el discurso monótono, cantinflesco y demagogo de José Obdulio Gaviria quien dio centenares de conferencias en el país y en el exterior, tratando de convencer a todo el mundo, de que en Colombia nunca hubo conflicto armado. Que los centenares de muertos y desaparecidos de este país eran consecuencia de actos delincuenciales, nada más.
Por supuesto, el resto del mundo nunca creyó semejante barbaridad, y fue la comunidad internacional la que más presionó Colombia, por allá en los años 2010 y 2011 a que se reconociera la existencia de un conflicto armado, sin lo cual, no hubiera sido posible el acuerdo de paz con las FARC, y no se puede dejar de mencionar que pasa por ese reconocimiento que en un futuro pueda existir un acuerdo de paz con el ELN.
El problema para el Centro Democrático es que ese discurso además de excluyente, es ilógico, pues fue el reconocimiento de la existencia del conflicto interno lo que permitió que Álvaro Uribe Vélez desmovilizara las autodefensas y otros grupos paramilitares, uno de muchos logros de su gobierno. Basta estudiar el preámbulo y primeros artículos de la Ley 1424 de 2010, Ley de Justicia y Paz, para entender que no es lógico, ni serio, decirle al mundo que frente a los paramilitares sí estabamos ante un conflicto armado, pero con las FARC, estamos ante meros actos de delincuentes que tienen que someterse a la justicia ordinaria.
Como en Colombia lo que existe actualmente es un gobierno populista de extrema derecha, y los asesores de Duque, son prácticamente los mismos asesores de Uribe, encabezados precisamente por José Obdulio Gaviria, se ha tratado torpemente de devolver al país a un debate que en la práctica ya está superado. Y para tal objetivo se nombró en el CNMH a un negacionista, que más que historiador, parece un panfletista: Darío Acevedo.
Y es que han sido de tal tamaño las mentiras de Darío Acevedo respecto al conflicto armado colombiano, que lo primero que sucedió apenas fue posesionado en su cargo, fue que las víctimas, aquellos a quienes se pretende reparar con centros de memoria histórica, han retirado los archivos del CNDH desde febrero de 2019, lo cual a nivel internacional ha constituido un duro golpe para la credibilidad del gobierno de Iván Duque.
Existen denuncias públicas, que indican que desde que asumió el cargo no ha hecho otra cosa que censurar a sus funcionarios, e índicos, al menos sostenidos por medios nacionales como El Espectador, de estar forzando a los contratistas y asesores de dicha entidad, a que con el ánimo de mantener sus trabajos, deben suscribir cláusulas de confidencialidad, lo que resulta aberrante en una institución que debe estar orientada por la transparencia y libre expresión, para la adecuada investigación histórica de un conflicto armado.
Darío Acevedo, es el perfecto ejemplo de la desconexión del discurso fanático del Centro Democrático con el resto de Colombia, que es aceptado por personas que no entienden que el acuerdo de paz con las FARC no es un logro exclusivo del gobierno de Juan Manuel Santos. Ese acuerdo, es también un logro de la comunidad internacional, y muy en particular de la Unión Europea y de los Estados Unidos, grupo de países que no van a permitir que se malogre el actual camino de Colombia por los afanes revisionistas y electoreros del ala más radical del uribismo.
Así, Duque, que no ha entendido que es ser, y lo que debe hacer un jefe de estado, está llevando al país al pasado, no porque vaya a desbaratar el acuerdo con las FARC, púes repito, la comunidad internacional, y por supuesto, gran parte de los colombianos van a impedir que eso ocurra.
Está llevando a Colombia a un escenario muy parecido al vivido en el país entre 1988 y 1990 cuando la suma del narcoterrorismo de Pablo Escobar, el exterminio de la UP y la grave situación de derechos humanos en el país, convirtieron a Colombia en un paria internacional.
Hoy guardadas las proporciones la situación es muy parecida.
Nadie sensato, ni en Colombia, ni el mundo, pueden negar el asesinato sistemático e indiscriminado de líderes sociales y la inoperancia del gobierno para solucionar el problema, siquiera para protegerlos.
Respecto a Derechos Humanos existe un innegable avance que no es obra de este gobierno, sino consecuencia del acuerdo de paz con las FARC. Pero su falta de apoyo a la J.E.P., no ha permitido cerrar una investigación formal de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra por lo menos 23 generales y seis coroneles por haber comandado unidades militares implicadas en más de 1.200 ejecuciones extrajudiciales, a lo que nosotros llamamos con el eufemismo de “falsos positivos”.
Sí la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz no dan pasos reales de avance en investigaciones contra esos oficiales de alto rango de las fuerzas militares, que ya están identificados, y son investigados por participar o instigar a sus subalternos la comisión de esos delitos, esos serían los primeros procesos que podrían llevar a ex servidores públicos colombianos ante este Tribunal de Justicia Penal Internacional. Basta decir, que muchas organizaciones de derechos humanos de la talla de Amnistía Internacional y Human Rights Watch tienen la lupa sobre la Fiscalía, sobre el gobierno Duque, sobre la JEP y sobre el país en general, por ese tema.
A lo que se suma este golpe demoledor, que va a ser entendido en todo el mundo, no como el desliz de un historiador incomprendido, sino como una falta de compromiso del estado colombiano en la reparación a las víctimas del conflicto.
Como van las cosas, este gobierno será responsable de que Colombia vuelva a un sitial de republiqueta bananera, del cual el país salió después de más de veinte años de duro trabajo diplomático, que paradójicamente concluyeron en la presidencia de Álvaro Uribe.
Lo que confirma que los extremos en política, lo que hacen con la mano, lo borran y desbaratan con el codo.
Para terminar, ya el irresponsable Darío Acevedo manifestó públicamente que no le alcanzaron cuatro meses para cumplir oportunamente con los requerimientos de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. Es decir, en esencia este personaje confesó públicamente su mediocridad e incompetencia.
Solo por dar esa declaración, en un país serio, Darío Acevedo perdería su trabajo. Pero como estamos en la Colombia gobernada por Iván Duque, muy seguramente dicha actuación lo catapulte a un Ministerio, o a un contrato millonario, como sucedió con el censurador Juan Pablo Bieri.
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Por: Juan Pablo Murcia Delgado – murciajuanpablo@gmail.com
