Desde que Montesquieu presentó su teoría sobre la división de los poderes públicos inspirada en el sistema de gobierno inglés, fue adoptada por la democracia liberal que en Colombia se ve reflejada en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, estas, han sido los pilares en los que descansa nuestro sistema político y donde tenemos puestas las esperanzas para trascender de una republiqueta a una verdadera república.
El centralismo y presidencialismo que conservamos a pesar de la vocación descentralizadora de la carta del 1991, ha hecho de la rama ejecutiva una especie de superior jerárquico de las otras dos.
Los jueces, son sometidos al escarnio público cuando sus ponderaciones y fallos no obedecen a criterios fiscalistas de conveniencia, en un intento por convertirlos en jueces de la administración y guardianes de las finanzas públicas.
Se ha vuelto costumbre ver a miembros del alto gobierno poniendo en la picota pública a funcionarios judiciales, cuestionando con criterio político y no jurídico sus decisiones, me refiero a ese mismo centralismo que mira a las regiones como interdictos e incapaces de gestionar su desarrollo.
La rama legislativa es punto aparte, la injerencia del ejecutivo en sus decisiones es patética, el manoseo del gobierno al Congreso se ha interpuesto en el mejoramiento de la democracia colombiana, la colaboración armónica entre los poderes públicos de la que habla la constitución se ha degenerado en subordinación armónica.
Prueba de ello, la encontramos en los famosos cupos indicativos o mermelada, un rubro reservado para inversión regional en el que tienen injerencia los parlamentarios con la condición de que sumisamente voten sin chistar las iniciativas legislativas provenientes del ejecutivo.
Que el Congreso tenga influencia en el gasto es plausible, lo que no tiene presentación en una democracia seria, es que sea un premio a la omisión de sus funciones, al debate y al control político.
El próximo Congreso tiene la misión histórica de consolidar la paz y la manera de hacerlo luego de deponer las armas, como en buena hora viene sucediendo, consiste en generar las condiciones para que se cumpla la promesa de direccionar los recursos destinados a la guerra, a políticas de desarrollo económico, educación y seguridad ciudadana que construyan un clima propicio para la inversión y la generación de empleo; es este y no otro el antídoto contra el escepticismo y la apatía que tiene a la economía creciendo al 1.1%.
Es hora de tener el Congreso que merecemos y vele porque así sea, que entienda que la única forma de sacar a Colombia adelante es honrando la separación de poderes que reivindique su papel en la consolidación de la democracia, el desarrollo y venza con hechos el desprestigio al que justificadamente se ha hecho merecedor.
En eso debemos trabajar por el Huila y por Colombia.
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Por: Diego Muñoz Marroquín
