El Plan de Desarrollo del gobierno Duque, es una pieza diseñada para afianzar el modelo económico que ha imperado desde la apertura de Cesar Gaviria hasta la fecha; no hay una sola frase que recupere los derechos de los desamparados, por el contrario, es un articulado dispuesto para continuar desvalijando la precaria institucionalidad que queda y entregando recursos y manejo al sector financiero principalmente de asuntos vitales para la ciudadanía como la salud.
La subsección 4 pomposamente llamada “Equidad en Salud” dedica 13 artículos a reducir los aportes a los entes territoriales, a endilgarles la responsabilidad de atender con sus propios recursos cualquier servicio a población pobre, que no haya surtido algún proceso de afiliación y a la población migrante, a pesar de la precaria situación presupuestal, que se sabe viven la mayoría de Departamentos y municipios del país.
El espíritu del articulado se enfoca en crear condiciones para que los hospitales y centros de salud públicos no puedan ejecutar la totalidad de los recursos asignados por el Sistema General de participación, dado que deben asumir por su cuenta los gastos de personal y generales, con el torvo propósito de que al final de la vigencia deban devolver estos dineros, para que se apliquen en Unidades de Pago por Capitación con destino a las EPS.
Es decir, que al carecer de personal medico que pueda formular, o requerir servicios de laboratorio o exámenes especializados, los recursos no podrán utilizarse y en consecuencia tendrán que reintegrarse a la nación.
Es de público conocimiento los desajustes del sistema general de seguridad social en salud, SGSSS, que se refleja en acreencias pendientes con las EPS y de estas con las IPS, el personal profesional y auxiliar en salud, proveedores que han dejado en el camino las EPS vigentes y las liquidadas.
En el plan los artículos 133 y 134 se ocupan de este asunto entregando un salvavidas a las EPS quienes una vez concilien las cuentas a pagar a su antojo, canjearan las obligaciones pendientes con títulos de tesorería que emitirá el gobierno nacional, no se sabe a cuanto tiempo, por cuanto su valor no se incluirá en el presupuesto sino exclusivamente en el momento de su redención.
Como es habitual en este tipo de operaciones, quienes terminen recibiendo los bonos, apurados por las deudas pendientes, los negociaran por un valor muy inferior al nominal con especuladores que aguardaran el tiempo que sea necesario para hacer un pingue negocio. Igual formula opera para las obligaciones pendientes de los entes territoriales. Poca salud mucho negocio financiero.
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Por: Libardo Gómez Sánchez – libardogomez@gmail.com
