El proceso de paz entre el gobierno del Presidente Santos y las Farc ha sido calificado por los expertos en resolución de conflictos en el mundo como el más perfecto comparativamente con otros que se han firmado en Colombia y en otros países en los últimos 30 años.
Está en juego el éxito de su implementación. Sería muy grave para el Nobel de paz y para el país, que el Gobierno en su conjunto, le haga conejo a los acuerdos.
El primer punto de los acuerdos se basa en el desarrollo rural integral, pues es allí donde nace la guerra por factores como la concentración de la tierra en manos del 10%, que es dueño del 90% de las tierras fértiles, mientras el 90% de los campesinos solamente posee el 10% de las áreas productivas.
A lo anterior se suma el abandono del estado colombiano con el sector rural y el despojo de tierras a pequeños propietarios por parte de terratenientes y grupos armados al margen de la ley, en muchos casos con la complicidad de agentes estatales.
Las Farc en su conjunto han abandonado la lucha armada, han entregado sus armas a la ONU mientras el gobierno y el congreso de Colombia contagiados por toda clase de vicios e intereses politiqueros y económicos, le ponen diversas trabas a la aprobación de la JEP (justicia especial para la paz), columna vertebral de los acuerdos, y la reforma política acordada en la Habana que el congreso “reglamentará” para la participación e incorporación de las Farc como grupo político, más la circunscripción especial para la paz, que anexará a 16 nuevos representantes en Cámara, personificados en: organizaciones sociales y de víctimas del conflicto que se encargarán de la gestión integral en los territorios priorizados para la inversión rural en post conflicto.
No será nada fácil que Senado y Cámara de representantes aprueben el articulado que tiene como objeto esencial la reincorporación de los ex insurgentes a la vida civil y la política, y las normas para el desarrollo rural integral.
Lo cierto es que estos temas de gran importancia para el país, están en manos de un congreso de mayorías con cerebro conectado directamente con su estómago, más un fiscal al servicio de una campaña política, con más tintes de corrupción que de interés por los grandes cambios que reclama el país desde los diferentes sectores de nuestra sociedad.
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Por: Miguel Rodríguez Hortúa – miguel.rh12@hotmail.com
