Para el presidente Santos y los negociadores de la paz en La Habana, su gran preocupación radica en: cómo lograr un acuerdo final que satisfaga las aspiraciones de los diferentes organizaciones sociales y políticas, y también como blindar los acuerdos conclusivos entre las partes, para que pasen a hacer parte del bloque constitucional, que impida que otros gobiernos de futuro los reversen. El Gobierno Nacional estudia varias opciones e incluso la repetición del plebiscito.
Para el gobierno nacional es una opción que no ha descartado. Sin embargo el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional ha dejado en claro que: “el Presidente a través del Congreso colombiano tiene facultades plenas para refrendar acuerdos concluidos con la insurgencia armada colombiana”. De tal manera que los únicos que constitucionalmente tienen la potestad para ratificar el nuevo acuerdo entre los delegados de las Farc y del gobierno, es el propio Presidente Santos y el Congreso colombiano.
Quisiera preguntar en esta columna de opinión, haciendo excepción del Centro Democrático que tiene su propia representación en cámara y senado, y en los entes territoriales: ¿Quién faculto a una ex ministra y a un ex procurador para representar a los votantes del NO en las pasadas elecciones del 2 de octubre? ¿En dónde está el acta firmada por al menos una buena parte de los más de 6 millones de colombianos que votaron negativamente por el plebiscito por la paz?
Es que he venido dialogando con campesinos, con jóvenes, mujeres y gente del común que votaron por el NO, que hoy se sienten indignados con algunos de los que se autoproclaman como sus voceros. Es más sienten asco que un ex procurador tan cuestionado en su moral, que con el propósito de “pescar en río revuelto” este hablando de lanzar al cesto de la basura, el total del acuerdo anterior para la paz, firmado entre el gobierno y las Farc.
El acuerdo final próximo a firmarse en La Habana, que recoge numerosas inquietudes de diversos sectores, al concluir su renegociación el Presidente Santos puede someterlo inmediatamente a la legitimación por parte de quienes realmente representan a la ciudadanía colombiana: juntas de acción comunal. Organizaciones sociales y de víctimas del conflicto. Ediles. Concejales municipales. Diputados departamentales, Gobernadores y alcaldes, para que una vez aceptado el acuerdo final por estas representativas instituciones, sea sometido a su aprobación por el Congreso de la República.
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Por: Miguel Rodríguez Hortúa – miguel.rh12@hotmail.com
