La discusión sobre la reducción del salario de los congresistas en Colombia ha vuelto al centro del debate público. De entrada, parece una medida justa y necesaria en un país con profundas desigualdades. Pero si se mira con lupa, el problema es mucho más complejo que un simple recorte de la cifra que aparece en la nómina.
El salario básico de un congresista ronda hoy los 48 millones de pesos mensuales. A eso se suman primas, tiquetes, viáticos, esquemas de seguridad, vehículos oficiales y, sobre todo, el costo de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL). Cada congresista puede contar con entre 5 y 10 asesores, cuyos sueldos se pagan con recursos públicos. En conjunto, el “costo real” de un congresista para el Estado no es su salario, sino un paquete que fácilmente supera los 100 millones de pesos mensuales.
En teoría, las UTL deberían ser equipos técnicos de alto nivel: abogados, economistas, expertos en políticas públicas, capaces de producir leyes de calidad, hacer control político riguroso y representar con solvencia a la ciudadanía. En la práctica, en una proporción alarmante, estas unidades se convierten en cuotas burocráticas, pago de favores electorales, redes clientelistas y refugio de militantes sin mayor idoneidad técnica. No son oficinas de pensamiento legislativo; son, muchas veces, bolsas de empleo político.
Ahora comparemos esta realidad con la de un médico especialista. Para llegar a ese título se requieren, como mínimo, once o doce años de formación: pregrado, internado, servicio social, residencia, turnos interminables, endeudamiento, estrés crónico y una responsabilidad diaria que involucra vidas humanas. Sin embargo, incluso un cirujano o un intensivista en Colombia rara vez supera los ingresos mensuales de 20 a 25 millones de pesos. Y eso, con contratos de prestación de servicios, sin estabilidad laboral, sin primas, sin pensión garantizada, sin vacaciones pagas, asumiendo riesgos legales y biológicos constantes.
El contraste es brutal. Un congresista, cuya responsabilidad real es legislar y deliberar, funciones esenciales, sí, pero sin la carga vital directa que asume un profesional de la salud; recibe el doble o el triple de ingresos, con estabilidad, privilegios y un entorno de apoyo financiado por el erario. Y lo hace, en no pocos casos, con niveles de preparación técnica modestos y una productividad legislativa cuestionable.
Reducir el salario de los congresistas puede tener un valor simbólico. Envía un mensaje de austeridad y sensibilidad ante un país empobrecido. Pero no toca el núcleo del problema: la estructura de corrupción y clientelismo que se esconde en los gastos paralelos, en las UTL, en los contratos, en las redes de favores y en la captura del Estado por intereses particulares.
Si no se reforma de fondo el sistema de contratación, si no se profesionalizan de verdad los equipos técnicos, si no se eliminan los incentivos al clientelismo y si no se establecen mecanismos estrictos de evaluación del desempeño y de rendición de cuentas, la reducción salarial será apenas un gesto cosmético.
La verdadera discusión no es cuánto gana un congresista, sino cuánto le cuesta realmente al país y qué recibe la sociedad a cambio. Sin atacar la corrupción estructural, los recortes serán titulares ruidosos, pero soluciones vacías. El problema no es solo el salario: es el modelo. Y ese, por ahora, sigue intacto.
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Por: Adonis Tupac Ramírez Cuéllar
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