Por primera vez integrantes del Ejército Nacional confesaron su responsabilidad en 247 desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
La Jurisdicción Especial para la Paz JEP señaló a 26 militares de crímenes de guerra y de lesa humanidad y 21 de ellos, más un civil, aceptaron el asesinato de hasta 247 jóvenes inocentes para presentarlos como guerrilleros. Los hechos por los que fueron imputados los militares en la JEP, sucedieron entre los años 2002 y 2008 en El Catatumbo y la Costa Caribe.
Entre los declarantes del Ejército hay un general, que hasta ahora es el oficial de más alto rango en confesar los crímenes, así lo explicó la magistrada Catalina Díaz: “El general retirado Paulino Coronado, 11 oficiales más, 6 suboficiales, 3 soldados y un tercero civil reconocieron su responsabilidad en el asesinato y desaparición forzada de al menos 120 personas en El Catatumbo y 120 personas en la Costa Caribe que fueron presentadas falsamente como bajas en combate”.
Por su parte “los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, comandantes del Batallón La Popa durante los años 2002 y 2004 y 2004 y 2005, negaron su responsabilidad y serán enviados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA)”, donde pueden enfrentarse a una sentencia hasta de 20 años de cárcel, anunció Díaz.
Los imputados restantes, que no reconocieron su responsabilidad, irán a juicio, y pueden ser condenados hasta a 20 años de cárcel.
Alianzas con paramilitares
La JEP encontró “patrones de macrocriminalidad” en la actuación del Ejército y alianzas con grupos paramilitares con el fin de atraer a jóvenes inocentes y asesinarlos para presentarlos como guerrilleros y así inflar las cifras de “muertes en combate” y obtener recompensas e incentivos de sus superiores.
Se concluyó que los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos ‘en combate’”.
A los acusados que reconozcan su responsabilidad y aporten verdad se impondrán sanciones especiales como limitaciones a la libertad de residencia y de movimiento, la realización de trabajos para reparar a las víctimas y la sociedad, por ejemplo la construcción de escuelas o vías, o la participación en programas de promoción medioambiental.
Para comenzar un proceso restaurativo con las víctimas, la JEP ordenó enviar la aceptación de responsabilidad de estas 22 personas a las víctimas y al Ministerio Público para que emitan sus observaciones y se inicien nuevas audiencias de reconocimiento de verdad y responsabilidad.
Por: Redacción Nación – Pulzo
