Las iniciativas hacen parte del paquete económico presentado por el Gobierno Nacional. Sin embargo, es importante precisar que se trata de disposiciones incluidas en un proyecto de ley, por lo que su aprobación y contenido definitivo dependerán del trámite y las decisiones del Congreso de la República.
Impuesto del 5% para normalizar criptomonedas no declaradas
Una de las propuestas que genera mayor interés entre los contribuyentes con activos digitales en el exterior es la posibilidad de declarar criptomonedas que no hayan sido reportadas previamente ante la DIAN, mediante el pago de un impuesto único del 5 % sobre su valor.
La medida está contemplada en el artículo 71 del proyecto y permitiría a los contribuyentes ponerse al día durante 2027, bajo las condiciones establecidas en la iniciativa. A cambio, tendrían que revelar información detallada sobre sus activos digitales, incluyendo billeteras, direcciones públicas y posiciones en protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi).
“Si alguien tiene una criptomoneda que no ha declarado, podría ponerse al día en 2027 pagando un 5 % de su valor, evitando multas y procesos penales. Para ello, deberá informar a la DIAN sobre la existencia del activo y dónde se encuentra ubicado, con plazo hasta el 30 de junio de 2027”, explicó Katherin Díaz, cofundadora de la firma V&V Asociados.
Un aspecto relevante de la iniciativa es que establece expresamente que la DIAN no podrá exigir, en ningún caso, claves privadas, frases de recuperación, contraseñas u otros datos que permitan acceder directamente a los activos digitales.
Megaproyectos tendrían beneficios tributarios durante 16 años
Otra de las disposiciones que tendría repercusiones en materia de inversión nacional e internacional es la creación del Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), que estaría incorporado en el Libro Noveno del Estatuto Tributario.
El mecanismo busca atraer grandes inversiones al país mediante condiciones tributarias preferenciales y reglas de estabilidad para proyectos que cumplan los requisitos establecidos en el proyecto de ley.
Entre sus principales beneficios se contempla una tarifa unificada del impuesto sobre la renta del 20 % para los proyectos cuya ejecución comience en 2027 o 2028. Para aquellos que inicien a partir de 2029, la tarifa propuesta sería del 26 %.
En ambos escenarios, el beneficio consistiría en mantener la tarifa durante el periodo de estabilidad previsto, sin quedar sujeto a sobretasas.
Frente a esta iniciativa, Katherin Díaz explicó que el Gobierno busca incentivar la llegada de capitales de gran magnitud mediante un tratamiento tributario diferencial.
“El Gobierno quiere atraer inversiones desde los 135.000 millones de pesos en adelante. Para eso ofrecería un tratamiento preferencial: se pagaría menos impuesto de renta, con una tarifa del 20 %, frente al 35 % que actualmente se tiene”, señaló la cofundadora de V&V Asociados.
Dividendos para inversionistas extranjeros tendrían una tarifa del 8 %
El paquete también contempla un tratamiento preferencial para la distribución de dividendos y participaciones a socios o accionistas no residentes fiscales en Colombia.
La propuesta establece una tarifa del 8 % mediante el mecanismo de retención en la fuente. Cuando los recursos sean distribuidos inicialmente a sociedades nacionales, el tratamiento podría trasladarse a través de la cadena de distribución hasta llegar al inversionista final, conforme a las condiciones previstas en la iniciativa.
“Cuando se giren utilidades a los socios en el exterior, únicamente pagarían el 8 %. Lo más importante es que se les garantizaría que esta regla no cambiaría durante los próximos 16 años, a cambio de comprarle por lo menos al 30 % de proveedores nacionales”, agregó Díaz.
Las disposiciones planteadas en el proyecto de Ley de Rescate Económico abren un nuevo escenario para el debate sobre competitividad tributaria, atracción de inversión extranjera y formalización de activos digitales en Colombia.
Su eventual aprobación podría modificar las decisiones financieras de empresarios, inversionistas y contribuyentes con operaciones internacionales. No obstante, será necesario esperar el trámite legislativo para conocer cuáles de estas propuestas entrarán finalmente en vigencia.
