Con ocasión de la instalación de la nueva legislatura del congreso de la república, el ministerio de agricultura radico un proyecto de ley que ofrecerá alivios al sector agropecuario, forestal y pesquero que como consecuencia de factores climáticos, fitosanitarios, de mercado u otros que escapan a su control, estén en mora en sus obligaciones de crédito concedido por los intermediarios financieros bajo las condiciones de Finagro o con el agro comercio antes del 30 de junio del presente año y también aquellas obligaciones que se encuentran comprometidas con el FONSA (Fondo de Solidaridad Agropecuaria). Responde el Ministerio a un reclamo que de tiempo atrás venían haciendo los productores encabeza de Dignidad Agropecuaria.
El proyecto reconoce las falencias en los criterios empleados para clasificar a los productores e intenta corregir, al incluir como parámetro el patrimonio de los medianos productores hasta 700 smmlv., pero a renglón seguido restringe por la vía de sus activos hasta 1500 smmlv, norma que contrasta con la empleada por Bancoldex que clasifica como pequeña empresa aquella que dispone de activos entre 500 smmlv y 5000 smmlv y mediana la que supera los 5000 smmlv hasta 30000 smmlv, montos más cercanos a nuestra realidad.
Aunque la propuesta solo procura resolver lo acontecido en el pasado, sin duda es positiva dadas las enormes dificultades en que se encuentran miles de agricultores y ganaderos.
Su impacto sería poderoso si se incluye una cartera otorgada a los productores por cooperativas y una multitud de financieras, con tasas altísimas y modalidades de pago que no se ajustan a los ciclos productivos con que operan la agricultura y la ganadería, se trata de obligaciones de microcrédito destinadas a actividades comerciales o de consumo, pero a las que las gentes del campo acuden como solución a las dificultades propias de la actividad, que es de alto riesgo.
Urge que el congreso de rápido tramite al proyecto con las correcciones del caso y el ministerio lo reglamente con diligencia, si el legislativo le hace el encargo, para resolver la disponibilidad de recursos a los productores si pretenden que se mantengan en la actividad produciendo la comida que necesitamos y las materias primas que requiere la industria.
El congreso debería aprovechar la ocasión para fortalecer al FONSA con recursos permanentes, de tal manera que en situaciones similares exista disponibilidad presupuestal para atender estas calamidades y se proponga legislar sobre una ley de crédito para el sector agropecuario, que considere las particularidades de una actividad carente de investigación, transferencia de tecnología, asistencia técnica, inversión en riego y drenaje, planeación, divorciada del mercado y sin precios de sustentación, razones que la hacen vulnerable a las importaciones subsidiadas provenientes del extranjero por las caídas del precio, a las plagas y enfermedades, a las variaciones del clima, debilidades que deberían tenerse en cuenta para aplicar una política de crédito distinta a la banca comercial, diferenciando tasas, estructuración de la obligación, garantías e incluso criterios de estudio para la aprobación de las obligaciones.
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Por: Libardo Gómez Sánchez – libardogomez@gmail.com
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