Con el cierre de inscripciones de candidatos a finales del presente mes, arranca en serio el proceso electoral que culmina en octubre, que definirá quienes gobernaran las regiones y las municipalidades y arrojara pistas sobre lo que pueda ocurrir en las posteriores elecciones al congreso y a la presidencia.
Como es usual, las diferentes fuerzas buscan alianzas que favorezcan las opciones de mantener y crecer en la representación, algunas parecieran incongruentes porque se acuerdan entre sectores que manejan aparentes niveles de confrontación y otras por provenir de sectores ideológicamente contrapuestos; al final prevalece el pragmatismo y los acuerdos procuran mantener privilegios y derrotar a quienes amenazan con sustituirlos.
La mayoría de las campañas apelan a la mentira y a propuestas irrealizables, pero que seducen al elector; los ejemplos sobran, pero sin duda uno notorio es el del actual presidente, que en campaña juro que no aprobaría el uso del fracking, que no aumentaría los impuestos, que combatiría la corrupción y que la austeridad marcaria su gestión, contrario a lo que ha venido haciendo de la mano de las mayorías en el congreso.
En la política regional se replica la misma táctica electoral, los candidatos a la gobernación: Macias, Chavarro y Luis Enrique Dussán juran que combatirán la corrupción, sin embargo, muchos de los socios de sus campañas son reconocidos defraudadores del erario.
Por ejemplo, la familia González Villa asociada al escándalo del robo a los restaurantes escolares, que afecta la alimentación de miles de niños en su etapa de crecimiento, prepara su arribo a las campañas de Chavarro a la gobernación del Huila y a la de Gorki Muñoz a la alcaldía de Neiva, con el compromiso por supuesto de que les mantengan los negocios y sin escrúpulo alguno se tomaran la foto.
En funciones de congresistas en el pasado Chávarro y Dussán apoyaron abiertamente la construcción de la represa de El Quimbo en las lesivas condiciones en que el gobierno le entrego el proyecto a la multinacional Engesa, hoy Enel, y sin rubor alguno ahora prometen evitar nuevos proyectos sobre el rio Magdalena.
Cabe preguntarnos hasta cuando los opitas sufrirán la dirigencia política que dilapido los recursos de regalías petroleras y luego acepto que les fueran despojadas a las regiones; que ha gobernado y legislado contra el interés del Departamento y de sus municipios; que se mantiene muda cuando se trata de reclamar al gobierno nacional, la provisión de vías como la del sur, protección a la producción agropecuaria, por mencionar dos asuntos. Merecen la muerte política.
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Por: Libardo Gómez Sánchez – libardogomez@gmail.com
