El salario mensual como maestro de escuela básica de Jorge, que vive en Valparaíso, ese bello puerto chileno, es de dos millones y medio en pesos colombianos, lejos de los siete millones que en promedio perciben los docentes de los países miembros de la OCDE, pero un ingreso superior al de Luis, un profesor de los nuevos que diariamente se desplaza de Garzón, en el Huila, a una vereda y por lo que el gobierno le reconoce en su condición de licenciado, una mensualidad cercana al millón setecientos mil pesos.
La calidad de la educación, está asociada a la relación de recursos materiales invertidos en el sistema educativo por alumno escolarizado, mientras España con su crisis y todo, gira anualmente veintiún millones y medio de pesos por estudiante en la básica primaria, en Colombia el Ministerio de Educación asigna un millón trescientos setenta mil por niño, y en realidad a cada plantel llegan poco más de ochenta y dos mil pesos anuales, con los que deben atender el pago de los servicios de aseo, informática, papelería, proyectos pedagógicos, mantenimiento de la infraestructura e imprevistos.
Cuando se realizan las pruebas con las que se mide el nivel alcanzado por los educandos, los resultados son lamentables, en especial para quienes provienen de instituciones públicas, a ello ha conducido la precaria financiación y políticas como la de doble jornada, que redujo el tiempo de formación en casi un treinta por ciento menos, por estas razones el magisterio colombiano se ve obligado a entrar en paro para reclamar por la calidad y el respeto de sus derechos, entre ellos un aumento salarial digno.
Luchar apelando a la movilización, es el camino adecuado ante un gobierno sordo, que hace alarde de su preocupación por la población infantil y hasta paga publicidad para promover su slogan “la más educada”, pero que mezquina recursos financieros que exige una educación de calidad.
Para descalificar la acción de Fecode, el gobierno aprovecha los medios de comunicación, lamentándose de los niños ausentes de las aulas de clase, acusando al Magisterio de intransigente, pero la verdad verdadera es que es evidente el desprecio que sienten quienes nos mal gobiernan por el futuro de nuestros niños y adolescentes.
Se estima que más de un millón de niños faltan a las aulas por incapacidad de sus padres para enviarlos, y otro millón y medio se ve obligado a acudir a instituciones privadas.
Si en algo apreciamos la formación de nuestros hijos debemos respaldar a los maestros en sus exigencias.
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Por: Libardo Gómez Sánchez – libardogomez@gmail.com
