Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, tiene una gran variedad de ecosistemas. Aunado a esto, es una nación que tiene minerales de interés para su explotación, tales como oro, plata, cobre, carbón, entre otros. Colombia posee una de las mayores reservas de carbón en América Latina.
La riqueza colombiana, en cuanto a bienes naturales, es uno de los factores que ha generado violencia, el conflicto armado interno, ha beneficiado y perjudicado a la naturaleza, lo anterior debido a que durante muchos años la presencia de grupos armados hizo que algunas zonas del país fueran excluidas para la explotación de bienes naturales; sin embargo, también es evidente que durante esta guerra se han ocasionado deforestación, caza de fauna silvestre, derrames de hidrocarburos, quemas, entre otras situaciones que han generado afectaciones en los ecosistemas.
Hablar de paz ambiental en el posconflicto implica no solo la protección de la naturaleza, sino la implementación de instrumentos elaborados de la mano con las comunidades rurales, para la transformación de actividades en opciones como la expansión de la frontera agrícola, la ganadería en laderas y en ecosistemas estratégicos como los páramos.
En virtud de esa riqueza natural, en Colombia se creó una serie de instrumentos normativos para su protección, un claro ejemplo es la Constitución Política y las acciones judiciales como la acción popular, a través de la cual se busca la protección del ambiente.
Sin embargo, pese a todos los insumos ideados para la conservación de la naturaleza, se ha evidenciado que este es uno de los países con más conflictos ambientales, lo cual incide en el hecho de que sea, igualmente, uno de los pocos en los que se han declarado elementos de la naturaleza como sujetos de derechos; esto indiscutiblemente implica un cambio de paradigma.
Los movimientos por la justicia ambiental, están conformados por grupos culturales con diferentes cosmovisiones, los cuales han puesto sobre la mesa los diversos atropellos de los que son víctimas las comunidades rurales y que ponen en evidencia no solo las fallas de los modelos económicos y de desarrollo, sino también la necesidad de modificar la forma en que el ser humano se relaciona con la naturaleza; uno de sus éxitos es que los tribunales de justicia declarasen a la naturaleza como sujeto de derechos, con el fin de incrementar su protección.
El acceso a la justicia ambiental, tal y como está considerado en las declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas, de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas y en otros instrumentos internacionales, es un conjunto de derechos y procedimientos administrativos y judiciales, destinados a las personas y las organizaciones de la sociedad civil para participar en las decisiones que se vayan a tomar en relación con el medio ambiente. }
Con las declaraciones de estos organismos se legitima y legaliza una serie de reivindicaciones y luchas que los movimientos sociales sindicalistas, campesinos, ambientalistas, ecologistas y académicos han estado pidiendo desde hace décadas en todos los países del mundo.
El acceso a la justicia ambiental se puede considerar como un derecho o conjunto de derechos cuyo objetivo es permitir a las personas y las organizaciones civiles la participación en la toma de decisiones que tengan relación con su medio ambiente y consentir el acceso a los procedimientos e instancias nacionales e internacionales cuando estos y otros derechos ambientales estén amenazados o se hayan vulnerado.
El derecho a la justicia ambiental es un medio jurídico sustancial y procedimental que tienen las personas para reclamar y alcanzar las reivindicaciones de justicia ambiental y social.
La justicia ambiental en Colombia es un tema cada vez más relevante en un contexto de creciente preocupación por la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. A pesar de que en Colombia existen leyes y normativas que buscan proteger el medio ambiente, la realidad es que muchas veces estas no son suficientes para garantizar una verdadera justicia ambiental.
Uno de los principales problemas que enfrenta Colombia en materia de justicia ambiental es la falta de aplicación efectiva de las leyes y regulaciones existentes. A menudo, las empresas y particulares que violan las normas ambientales no son sancionados de manera efectiva, lo que genera impunidad y fomenta la repetición de conductas dañinas al medio ambiente.
Además, en muchas ocasiones, las comunidades que son afectadas por actividades que generan impactos ambientales negativos, como la explotación minera o la deforestación, no son debidamente consultadas ni tienen acceso a información clara y precisa sobre los proyectos que se están llevando a cabo en su territorio. Esto vulnera sus derechos y les impide tomar decisiones informadas sobre su futuro.
Es necesario que se fortalezcan los mecanismos de control y vigilancia para garantizar que las empresas y particulares cumplan con las normas ambientales y se sancione efectivamente a quienes las violen.
Además, es fundamental que se promueva una mayor participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que afectan al medio ambiente, garantizando la consulta previa, libre e informada a las comunidades.
Es hora de hablar de democracia ambiental, sociedad civil informada y fortalecida en sus capacidades, institucionalidad fuerte, empresa privada responsable en tiempos de pos acuerdo, paz ambiental y de Escazú. El Gobierno Nacional debe emprender el proceso de implementación del Acuerdo de Escazú.
Para ello, es indispensable valorar los aportes que este instrumento puede hacer al fortalecimiento de una cultura de participación en los asuntos públicos, que promueva la resolución pacífica de los conflictos y contribuya a la toma de decisiones de manera concertada, incluyente y abierta. Consideramos que un país con menos conflictos ambientales es un país más desarrollado, que puede recibir más inversiones, mayores ingresos, una mejor calidad de vida y equidad socioeconómica.
El “riesgo social” hoy pone en jaque a las regiones y al desarrollo de innumerables proyectos que pueden contribuir a reducir la inequidad social. Si no se garantiza información, participación y acceso a la justicia, los conflictos ambientales van a aumentar significativamente, generando un bloqueo institucional.
En la comisión V de la Cámara de Representes, se llevó a cabo hace apenas unos días el debate de control político del proyecto hidroeléctrico el Quimbo gracias a la iniciativa propuesta por nuestra representante Leyla Marleny Rincón, quien ha sido una abanderada en los temas ambientales, con un compromiso decidido y contundente en la defensa de los territorios y la representante Flora Perdomo.
Después de más de 14 años de permisividad, injusticias y ceguera administrativa con las comunidades afectadas por este proyecto, el Gobierno Nacional sentó su posición oficial para exigir a la empresa Enel-Emgesa el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo.
La Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible Susana Muhamad en su enfática participación en el debate, hizo un llamado a consolidar un bloque público entre entidades nacionales y locales para defender lo público y hacer cumplir las obligaciones acordadas. “No va a haber una movilización administrativa de la licencia hasta que no avancemos en los acuerdos públicos en los que debemos avanzar”, puntualizó.
En la ruta trazada, bajo la implementación del Acuerdo de Escazú, que brinde garantías y justicia a las comunidades afectadas por el proyecto, el Gobierno Nacional avanzará en importantes acciones. (1. Generar un proceso de evaluación ambiental público de los impactos del proyecto, con el trabajo articulado del Ideam y el Instituto Humboldt en parámetros como calidad del agua y monitoreo de flora y fauna. 2. Expedir un acto administrativo que formalice la mesa para hacer seguimiento al cumplimiento de la licencia ambiental, que debe contar con participación social. 3. Realizar una audiencia pública ambiental en territorio para hacer explícitos el plan de contingencia, las compensaciones ambientales y la inversión del 1%. 4. Actualizar los caudales ecológicos mínimos en las cuencas y el protocolo de apertura y cierre de compuertas. 5. Revisar el decreto de áreas de influencias de las hidroeléctricas frente a impactos ambientales. 6. Elaborar un estudio ambiental de impactos acumulativos de las represas de El Quimbo y Betania para conocer el estado de los ecosistemas, a través del Sistema Nacional Ambiental).
2023 pasará a la historia en la lucha contra el cambio climático como el año en que finalmente Colombia prohibió el ‘fracking’, iniciativa de la ciudadanía desde la Alianza Colombia Libre de ‘Fracking’ con apoyo multipartidista, de los Ministerios de Ambiente y Energía, de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y el respaldo de 174.134 firmas de la ciudadanía.
El senado de la república con 62 votos por el sí y 9 en contra, aprobó el proyecto que prohíbe el fracking, la exploración y producción de los Yacimientos No Convencionales (YNC) de Hidrocarburos y se ordena la reformulación de la política de transición energética.
Quedan faltando otros dos debates positivos de la iniciativa en Cámara de Representantes para que pase a sanción presidencial y sea Ley de la República. Este proyecto de ley es el resultado de un proceso de sinergias de largo aliento.
En definitiva, la justicia ambiental es un desafío que requiere el compromiso y la colaboración de todos los actores involucrados, incluyendo al Estado, las empresas, la sociedad civil y las comunidades afectadas. Solo así se podrá garantizar un futuro sostenible para Colombia y para el planeta en su conjunto.
—
Por: María Fernanda Plazas Bravo
Twitter: @mafeplazasbravo
