Las hidroeléctricas en el Huila se han constituido en verdadera amenaza social y ambiental, y en punto de referencia para las transnacionales, que a través de este jugoso negocio amasan grandes cantidades de dinero, del cual no participan a los entes territoriales, siendo sus habitantes quienes terminan cargando con la gran cuota de sacrificio.
Al Huila las transnacionales lo siguen mirando como terreno propicio para la construcción de estos megaproyectos, cuyos empresarios del negocio de la energía, actúan sin ninguna clase de escrúpulos de cara a sus habitantes y de nuestra flora y fauna silvestre. Su único objetivo es lograr grandes rentabilidades económicas para su propio bolsillo, sin importar el desarraigo de sus moradores y especies naturales, o la puesta en riesgo de la seguridad alimentaria, e incluso la propia vida humana.
La construcción de estos gigantescos embalses para producir energía a gran escala, arrasa extensas áreas agropecuarias, desplaza y empobrece a la familia campesina, devasta nuestra flora y fauna silvestre, y acelera el cambio climático. En el caso puntual del Quimbo, que la constructora del proyecto no retiró la biomasa vegetal antes de llenar el embalse, al producirse su biodegradación, se generan millones de metros cúbicos de gas metano, que desplaza el oxígeno en el agua acabando con la vida de toda la fauna acuática, que luego emerge hacia las nubes produciendo lluvia ácida que afecta el área agrícola, ganadera y plantas naturales de nuestra flora silvestre.
Los embalses de Betania y El Quimbo arrasaron extensas áreas de producción agrícola y ganadera. Sus habitantes y pueblos vecinos añoran su paisaje, empleo y riqueza que generaba su sector agropecuario. Hoy solo es recuerdo, tristeza, porque las represas lo único que le transfirió a sus pobladores y a su entorno, fue pobreza.
Más allá de las marchas y protestas, surge la intención colectiva de realizar consultas populares en varios municipios o en todo el Huila, que impida la construcción de más represas en nuestro territorio. Es una idea que hemos propuesto en este escenario desde el año 2010, que ha venido tomando fuerza. La consulta popular está contemplada en nuestra constitución del 91, en la declaración universal de los derechos humanos y en numerosas asambleas de las Naciones Unidas, como mecanismo de participación ciudadana y autodeterminación de los pueblos.
Un pueblo que no reclama, que no levanta su voz contra el oprobio, está… muerto.
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Por: Miguel Rodríguez Hortúa – miguel.rh12@hotmail.com
