A comienzos de cada año el pueblo colombiano se enfrenta a un sinnúmero de incrementos económicos en la canasta familiar. Las alzas en productos de primera necesidad y servicios públicos, hacen tambalear el bolsillo de los colombianos.
Jornaleros del sector rural, pequeños empresarios del agro, microempresarios, asalariados y trabajadores informales, son los más golpeados con las alzas, dado sus bajos ingresos e imposibilidad de acceder a compras al por mayor, que les permitiría estirar su poder adquisitivo.
La reforma tributaria presentada por el gobierno al congreso está generando gran polémica en diferentes sectores de la sociedad colombiana, por su contenido que se está dando a conocer y sus efectos negativos que causará en sectores de mayor vulnerabilidad. Dicho de otra manera a los más pobres.
Con el alza del IVA de tres puntos, de 16% a 19%, se incrementarán los precios en: servicios de agua, energía eléctrica, telefonía y televisión, electrodomésticos, repuestos para motocicletas, ropa, transporte, arriendos, útiles escolares y más de cien productos básicos de la vida diaria, que serán gravados con la nueva tarifa tributaria.
Las pretensiones del gobierno nacional en el sentido de extender la reforma tributaria hacia los sectores del pequeño comercio e industria artesanal y servicios técnicos que representan un alto porcentaje en generación de empleo, no solamente encarece la vida de los más pobres, sino que desestimula el emprendimiento local.
La tan controvertida reforma tributaria, que sirvió como caballito de batalla a los promotores del NO al plebiscito, hasta ahora empieza su tránsito por las diferentes comisiones del congreso, aún no se sabe cuál será su destino final. Lo cierto es que a lo largo y ancho del país las críticas abundan.
Para los analistas políticos, pretender hacer una reforma tributaria a la par de la firma de los acuerdos de paz y en el arranque de campaña para elegir el nuevo congreso, les parece un verdadero contrasentido, pues en primer lugar los opositores del proceso de paz encontraron una buena razón para garrotear al gobierno de Santos con el argumento que sus recursos serían para financiar la paz y no para tapar el hueco fiscal causado por el desplome de los precios del petróleo a nivel internacional.
En segundo lugar resulta negativo para senadores y representantes aprobar una norma tan impopular en el momento en que estos están aspirando a refrendar su credencial de congresista.
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Por: Miguel Rodríguez Hortúa – miguel.rh12@hotmail.com
