Gobierno “Huila Crece” contribuye a la titulación y formalización de predios rurales

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La iniciativa permitirá la exención del cien por ciento (100%) del pago del Impuesto de Registro y demás gravámenes, que generen los títulos de propiedad que se encuentren en sentencias judiciales, actos, contratos, escrituras públicas, resoluciones de adjudicación y demás actos o negocios jurídicos.

La exención cobija las acciones a realizar para la Implementación de la estrategia Territorial para la Gestión de la Regularización de la Propiedad Rural en cuanto a la titularidad predial de bienes inmuebles rurales ubicados en la jurisdicción del Departamento del Huila, de conformidad con lo expuesto en la Ley 160 de 1994, modificada por el Decreto 902 de 2017, la Ley 1261 de 2012 por la cual se establece un proceso verbal especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica, sanear la falsa tradición y se dictan otras disposiciones y que sean adelantados según el caso , bien sea por parte de las notarías y sus respectivas escrituras públicas, por los Juzgados competentes en aquellos casos que requieran de los procesos de pertenencias, de y sus respectivas sentencias y en aquellos casos con que se cuente con Actos administrativos de autoridades del orden Nacional no registrados.

Para que tengan aplicación los beneficios que establece la presente Ordenanza, se requiere que cada proceso sea debidamente Certificado por la –Secretaría de Agricultura y Minería del Departamental del Huila, bien en cabeza del Secretario respectivo o del funcionario que éste delegue para estos efectos e incluidos los servidores públicos que podrán validar y expedir documentos que contengan alguna clase de validación y o viabilidad, según el caso, los cuales deben designarse previo al desarrollo de los procesos a delatarse para estos mismos efectos tal como se informa en la Ordenanza 021 de 2020 con respecto a la función de la Agencia Nacional de Tierras ANT.

De acuerdo a John Garay Suaza, coordinador del Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural en el Departamento del Huila, ya se ha venido trabajando durante este año 2021 con un equipo de regularización para la formalización de la propiedad rural, y se avanza en un programa de sensibilización. “aquí lo que estamos buscando es sensibilizar a 5.000 productores que deseen retomar, o ser beneficiarios de este programa, para que el próximo año con estas bases de datos y con los estudios que son muy personalizados, ingresar estos beneficiarios para lo que tenemos como plan de desarrollo que son 1.000 formalizaciones de la propiedad rural”.

“Tenemos proyectado para 2022 fortalecer el equipo de regularización de la propiedad rural, donde nuestros productores primero que todo estén exentos de pagar ese impuesto cuando se formalice su predio rural, pero que también tengan esa asesoría y ese acompañamiento jurídico a través de nuestros abogados, y técnico a través de nuestro topógrafo especialista en sistemas de información geográfica, para la medición topográfica de sus fincas, levantamiento de actas de colindancia y los estudios jurídicos a que den lugar en los procesos de formalización”, agregó el señor Garay Suaza.

A su turno la diputada Sandra Milena Hernández Rincón, ponente del proyecto, celebró la decisión de la Asamblea Departamental del Huila que por unanimidad aprobó este proyecto de ordenanza, al tiempo que resaltó la buena disposición del Gobernador Luis Enrique Dussán López y el Secretario de Agricultura y Minería Dilberto Trujillo Dussán, quienes no solo le dieron la viabilidad a la iniciativa, sino que tuvieron en cuenta los ajustes planteados.

“Creo que una de las estrategias que tenemos como diputados del departamento hace 7 años, es tratar de darle las herramientas a la Gobernación del Huila a la Agencia Nacional de Tierras para la implementación del programa de titulación de predios en el departamento, y lograr así que nuestros campesinos puedan acceder a través de su titulación, a través de la propiedad rural, acceder a los programas sociales del gobierno departamental, a los programas sociales del orden nacional, y del orden municipal, pero sobre todo tener accesos al sistema financiero, a cualquier apalancamiento de proyectos que se implementen no solo en el sector privado, sino en el sector público”.

Finalmente sostuvo que este proyecto es más que necesario, para hacerle frente a los altos niveles de informalidad de la propiedad rural que registra hoy el departamento.

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