El Gobierno abrió un espacio de comentarios y observaciones para que la ciudadanía, las comunidades e instituciones académicas y científicas intervengan en la construcción del proyecto de decreto reglamentario que permitirá a las entidades públicas emplear plantas de coca y amapola con fines de investigación.
El proyecto para diseñar ese marco normativo es liderado por los ministerios de Justicia, Agricultura y Salud y recibirá los aportes ciudadanos e institucionales hasta el 15 de noviembre en el siguiente enlace:
https://www.sucop.gov.co/entidades/minjusticia/Normativa?IDNorma=18452
El decreto se orientará cumpliendo los mandatos de la Constitución, bajo un enfoque de derechos humanos, justicia social y promoción al tránsito a economías lícitas conforme con las obligaciones internacionales de Colombia en el sistema de fiscalización de estupefacientes.
El marco regulatorio, que se pone a consideración del público, plantea dos aspectos clave: impulsar la regulación y los usos derivados de la hoja de coca y la amapola, de acuerdo con los beneficios de los productos derivados.
Se establece la protección de las comunidades ubicadas en municipios que históricamente se han visto afectados por el fenómeno del narcotráfico, y cuyos territorios tienen presencia de cultivos de uso ilícito, generando posibilidades para transitar a economías lícitas e incentivando el desarrollo económico, tecnológico y académico de las regiones.
El proyecto de decreto plantea una normativa aplicable a los fines médicos, científicos, industriales en el marco de la legislación nacional e internacional y que, a partir de estudios e investigaciones científicas, se identifiquen potenciales usos no psicoactivos de la planta de coca.
El objetivo es constituir una base que permita impulsar un sector productivo que involucre al Estado, al sector privado, las formas cooperativas y a las organizaciones comunitarias.
Los instrumentos jurídicos plantean como condición general contribuir a la protección del conocimiento ancestral, tradicional o popular, el acceso a los recursos genéticos y el reparto justo y equitativo de beneficios en favor de la comunidades étnicas y campesinas, de conformidad con las normas especiales que rigen la materia.
Con esas condiciones, la investigación científica permitirá abrir paso a la producción de fertilizantes, abonos, polímeros, telas y productos gastronómicos, lo cual contribuye a que los habitantes del campo se desvinculen del mercado ilícito de drogas, sustituyendo el uso ilegal de la planta por un uso lícito, señala el proyecto en sus justificaciones.
Por esta razón, las iniciativas serán controladas y supervisadas por el Estado en articulación con comunidades que manifiesten su voluntad de transitar a la legalidad y cuyos cultivos sean anteriores a la publicación de esta política.
Y cuando las actividades investigativas se relacionen con las comunidades étnicas, ubicadas en municipios con presencia de cultivos de uso ilícito, deberán ser incluidas bajo cualquier figura asociativa, además de propender a que las comunidades participen en toda la cadena de valor a lo largo del proyecto.
