El Decreto 1139 de 2021, firmado el pasado 23 de septiembre, que modifica los Programas de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades de diferentes zonas del país, traería consecuencias hacia la protección de líderes sociales en Colombia.
Así lo mencionó Juan Pappier, investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), según él, el Decreto “limita la información para tomar decisiones sobre protección, coarta la transparencia, aumenta algunos requisitos legales y reduce la protección colectiva”.
Asimismo, Pappier señala que los artículos 12 y 13 del Decreto 1139 de 2021 “limitan la información sobre el análisis de riesgo a “entidades públicas”.
Por su parte, el investigador de Human Rights Watch, apuntó que la medida podría ayudar a agilizar las decisiones de la UNP, sin embargo, “al mismo tiempo, impide que haya información exhaustiva que permita tomar una decisión informada sobre el riesgo que enfrentan los líderes en distintas zonas del país”.
De hecho, según alertó Pappier, hay zonas en Colombia a las que los analistas de la Unidad Nacional de Protección no pueden ingresar por problemas de seguridad. Por esta razón, no cuentan con información detallada e integral sobre las distintos riesgos y vulnerabilidades en regiones remotas del país.
Otro de los artículos criticados por Pappier es el número 22, el cual establece que las medidas de protección colectiva de la UNP solo tendrán vigencia de un año, salvo que existan “nuevos hechos que puedan generar una variación del riesgo”.
“La legislación colombiana no contaba con un plazo similar para la vigencia de medidas de protección colectiva. Ello tenía sentido: el propósito de estas medidas debe ser modificar las condiciones de desprotección e inseguridad que se viven en varias zonas del país”, escribió el investigador de HRW en su cuenta de Twitter.
Así mismo, se refirió al artículo 2 del decreto, que “también aumenta la carga de la prueba para establecer medidas de protección para los familiares de una persona en riesgo”.
“Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para defensores de DD. HH. Sin duda hacen falta reformas a los mecanismos de protección (…). Pero este decreto, en vez de fortalecer la protección, constituye un retroceso”, alertó Pappier.
De acuerdo con información de Human Rights Watch, desde 2016 más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, el número más alto en América Latina, según Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Tomado de: SEMANA
