En estos días hemos sido testigos cómo cientos de ciudadanos se han manifestado en las calles contra el abuso policial y la arbitrariedad de algunos agentes del Estado.
En efecto, todo comenzó con el doloso asesinato del abogado Javier Ordoñez de 42 años; al principio se dijo que había salido por la noche alicorado y que quizás había insultado a los policías, quienes como consecuencia de ello habían tenido que utilizar la famosa pistola Taser, es decir, la que dispara ráfagas de electricidad para “neutralizar” al sujeto.
Las imágenes causaban escozor, un agente de policía disparando ese dispositivo sin cesar, sin descanso a pesar de que la víctima decía “no más por favor”.
Pero gracias a la labor efectiva y celera de la Fiscalía General de la Nación hemos conocido que la víctima no era un desconocido para esos agentes de policía, al parecer tenían una relación crítica desde hace algún tiempo y, lo más grave, que la causa de la muerte fueron las nueve, óigase bien, nueve fracturas de cráneo causadas por una golpiza inmisericorde de los agentes dentro del CAI, es más parece que hubo daños en algunos órganos internos.
Pero como si esto fuera poco, las protestas legítimas que se desencadenaron con ese hecho, empezaron a ser reprimidas con la misma o más violencia; esas fueron otras imágenes impresionantes, policías disparando como en el lejano oeste por las calles de nuestras ciudades: el resultado, 13 personas fallecidas por disparos, todos jóvenes, hasta menores de edad que protestaban inconformes.
Por supuesto que cualquier inconformismo es aprovechado por otros, por delincuentes comunes para desestabilizar, para seguir delinquiendo, y hasta algunos políticos terminan sacando rédito de estas manifestaciones, no obstante, hay un problema social desde antes, una preocupación de muchos por la situación de derechos humanos del país y todo revuelto con las crisis de todo tipo que ha traído la pandemia.
Un caldo de cultivo que no ha sabido manejar el gobierno nacional, la policía demostró que a pesar de ser garante de los derechos de los ciudadanos, no está preparada para contener una protesta social, aún cuando ella sea violenta como evidentemente pasa en Colombia. ¿Quién dio la orden de reaccionar así?
Quedan muchas preguntas. Lo único que podemos hacer los colombianos es mandar una voz de aliento y solidaridad a las familias de las víctimas del terror de Estado.
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Por: Jorge Fernando Perdomo
Abogado
Twitter: @JFPerdomoTorres
