En Colombia se volvió habitual utilizar la palabra crisis para referirse a cualquier tema.
Crisis de la Nación, crisis de los partidos, crisis de la justicia, etc. Al margen de si todas las anteriores constituyen crisis o no, lo cierto es que la justicia está atravesando uno de sus peores momentos por cuenta de los escándalos de corrupción al interior de las altas cortes.
Y esto es muy extraño para unas cortes que se distinguieron por décadas por salvaguardar los intereses de los colombianos y por proferir sentencias de altísimo nivel que replicaron otros países de la región.
De esa imagen positiva queda poco toda vez que la corrupción está revelando intereses oscuros y alianzas mafiosas entre magistrados, apoderados, abogados, fiscales, entre otros. ¿Quiere decir esto que nos encontramos ante un nuevo rostro de la corrupción en Colombia que compromete a funcionarios de alto nivel? Es muy probable que sí.
Anteriormente, solo conocíamos los implicados de rango medio o bajo, pero nunca de nivel alto. Es más, llegamos a tener un caso de cohecho con una sola persona condenada y no dos, como sería lo más lógico.
Pero ahora las cosas están cambiando y no precisamente por las diligencias de la Fiscalía sino por la ayuda de la justicia gringa. De hecho, el Procurador General Fernando Carrillo aseguró en un tuit (que luego eliminó) que de no haber sido por la colaboración de la justicia del país del norte, jamás se habrían conocido los casos que hoy estamos presenciando.
Que tal afirmación provenga del jefe de uno de los entes de control del Estado da cuenta de la competencia de la justicia nacional.
En todo caso, este nuevo rostro está tocando a funcionarios de los que en principio uno no dudaría justamente por el cargo que ocupan como el fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, capturado precisamente por corrupción.
Con toda seguridad, no será el único ni el primer alto funcionario que integre el ocaso de la justicia colombiana, porque lo nuevo no es la corrupción sino que se tengan pruebas para acusar a los altos mandos y con ello acabar con su impunidad.
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Por: Juan Corredor García – juan.corredor@urosario.edu.co
Twitter: @thuandavid10
