Las leyes determinan un orden que expresa la voluntad y los intereses del grupo que manda en la sociedad, así en nuestra época las normas se ajustan al provecho de las corporaciones multinacionales, de tal suerte que tratados como los suscritos con Estados Unidos y la Unión Europea y que se conocen como de libre comercio, que incluyen temas relacionados con propiedad intelectual, resolución de conflictos, patentes y otros del ámbito legal del comercio, se constituyen en legislación supra constitucional, es decir, por encima de nuestra constitución, que se supedita a la protección de los negocios de esas corporaciones, incluso lesionando la soberanía y el bienestar nacional.
Se equivoca la periodista María Isabel Rueda cuando en una de sus recientes columnas que tituló “Habemus Fiscal” y en el que relaciona algunas de las indagaciones, que se abrieron como consecuencia de las delaciones puestas a la luz pública por organismos de inteligencia norteamericanos, apresuradamente concluye que “Néstor Humberto Martínez está resultando un gran fiscal”, lo pinta como un hombre empeñado en la justicia y la persecución del crimen bajo la figura de la corrupción, singular descripción de quien se ha negado a declararse impedido en procesos en los que evidentemente tiene impedimentos morales por lo menos y el nombramiento de su fiscal anticorrupción no obedece a un error, sino al pago de favores.
Al respecto abría que decir, que hasta no ver las condenas y la lista de procesados no puede evaluarse la efectividad de la fiscalía, porque todo podría terminar en anuncios de prensa y ridículas sentencias con casa por cárcel, como es costumbre.
En la actual coyuntura mundial de presencia agresiva de las multinacionales en la toma de los mercados, requieren la garantía de instituciones que preserven sus inversiones y eliminen los ñoños que interfieren en sus negocios y los despojan de parte de sus utilidades mediante la práctica de las coimas, peaje que no necesitan pagar porque son los dueños de los gobiernos de turno.
Así que la actuación del Fiscal no obedece a la voluntad impoluta de hacer justicia, simplemente cumple con el mandato que sus señores le impartieron de poner orden en casa, para que sus actividades con sus socios locales fluyan sin interferencias indeseadas, los fallos que se profieran continuaran reflejando la disputa por el control de las ganancias que otorga el poder del estado y no el resultado de una administración objetiva de la jurisprudencia; para que esto cambie debemos derrotar en las urnas a los mismos de siempre.
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Por: Libardo Gómez Sánchez – libardogomez@gmail.com
