A pesar de la tradición agropecuaria que tiene el país, es evidente el menosprecio que la clase dirigente le tiene a este sector vital en la vida de cualquier nación, nunca ha gozado de una política formulada en consonancia con el interés de los productores, regularmente se ha legislado para favorecer la importación de los excedentes de agricultores de naciones foráneas, el negocio de las multinacionales de agroquímicos y los especuladores que procesan y comercializan los alimentos, sin duda el instrumento más refinado para aplicar esas políticas se encuentra en los Tratados de Libre Comercio que pese a su reciente vigencia ha generado un enorme desequilibrio en la balanza comercial, que aunado a la devaluación del peso ha hecho trisas la teoría de la comida barata, uno de los principales argumentos con que se promovió la firma de estos acuerdos comerciales.
Pero si los consumidores nos hemos visto afectados, ni se diga de los atribulados productores que han tenido que migrar en repetidas oportunidades de un cultivo a otro, pues cuando sembraban sorgo, maíz, ajonjolí u otros cereales se iniciaron las importaciones que los obligaron a sembrar algodón y cuando el Cotton americano nos invadió entonces tuvieron que intentar con el arroz que mantenía cierta protección, ahora que está perdida han venido abandonando la siembra y haciendo estanques piscícolas, ensayando con ovejas y con cuanta especie les sugieren los culebreros profesionales que se apoltronan en el Ministerio de Agricultura o en algunas Federaciones que periódicamente se inventan algún cultivo milagroso con el que prometen por fin saldrán de la pobreza, así como aconteció en el pasado con el estropajo, el cardamomo, las frutas tropicales, el cacao híbrido, los transgénicos, y la estevia, etc., todos ensayos que finalizaron en estruendosos fracasos y en más ruina para los labriegos.
Esto sin entrar en detalle de los onerosos costos de producción que son consecuencia, no de ineficiencias de los campesinos sino, de las condiciones macroeconómicas que son del resorte del gobierno tales como costo de los combustibles, tasas de interés de los créditos, tarifas de servicios públicos y precio de los insumos.
Afortunadamente, viene cuajando por iniciativa de las Dignidades del Agro un referendo que le otorgue en el texto constitucional la importancia que los campesinos se merecen y el Estado recupere los instrumentos necesarios para definir políticas que apoyen la producción agropecuaria, restablezcan la seguridad alimentaria perdida y facilite la generación de trabajo digno en los campos de Colombia.
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Por: Libardo Gómez Sánchez – libardogomez@gmail.com
