El hundimiento de la consulta popular promovida por el Gobierno Nacional en el Congreso de la República no es un accidente fortuito ni una conspiración de la oposición.
Es, más bien, el resultado de una serie de errores estratégicos, jurídicos y éticos cometidos por el actual gobierno, en particular por los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Trabajo, Antonio Sanguino. Desde el inicio, la falta de empatía política y de acercamiento con la realidad de los partidos fue evidente.
El ministro Benedetti llegó a declarar: “A nosotros ya no nos importa si la reforma se hunde o no en el Congreso”. Esta actitud no solo demuestra una desconexión preocupante con el proceso legislativo, sino también una falta de compromiso real con el diálogo democrático y con la búsqueda de consensos que necesita cualquier iniciativa de participación ciudadana. En política, la indiferencia no es una virtud; es una renuncia tácita a la responsabilidad.
Por su parte, el ministro Sanguino se ha dedicado a señalar a los senadores que votaron en contra de la consulta, acusándolos de fraude, trampas e intereses oscuros. Sin embargo, sus palabras carecen de autoridad moral. No se puede hablar de ética o legalidad desde un lugar donde reina la incoherencia.
Resulta insólito que un miembro del Partido Verde, cuyo expresidente, Carlos Ramón González, hoy está prófugo de la justicia por el escándalo de la UNGRD, y cuyo senador, Iván Name, ha sido capturado por recibir sobornos, se atreva a hablar de fraude sin ruborizarse. Este tipo de discurso solo deteriora aún más la ya frágil confianza ciudadana en las instituciones.
La propuesta de consulta popular, además, fue construida sin un trabajo jurídico riguroso. El gobierno intentó imponerla con prisa, sin el respaldo técnico y político que exige una figura tan delicada en el sistema democrático. Varios expertos y senadores advirtieron sobre inconsistencias en la formulación de las preguntas, en los tiempos procesales, e incluso en el tipo de temas que pretendían someterse a consulta.
Aquí no se trata de una simple diferencia de criterios, sino de una falla técnica grave que evidencia una preocupante falta de conocimiento, o peor aún, de respeto por el orden constitucional y legal.
Con todo esto, no se puede desconocer que en el Congreso también hay intereses particulares, oportunismos y cálculos electorales. Pero una cosa no justifica la otra. El gobierno tenía la responsabilidad de liderar un proceso serio, técnico, incluyente y respetuoso de las reglas. Falló en cada uno de esos puntos.
Aclaro, finalmente, que mi posición no está motivada por simpatías ni hacia los senadores que votaron “sí”, ni hacia quienes votaron “no”. Esta opinión obedece a un análisis técnico de los hechos ocurridos ayer en el recinto del Senado. No es una defensa de la oposición ni un ataque al contenido de las propuestas que el gobierno buscaba someter a consulta popular.
Es una crítica a la forma, al método, a la improvisación política con la que se promovió un mecanismo tan delicado como una consulta al pueblo. Porque cuando se pierde una oportunidad de participación ciudadana por falta de seriedad, no fracasa una bancada: fracasa el país.
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Por: Andrés Felipe Guerrero
