Organizaciones de periodistas convocaron a la sociedad civil y en especial a los funcionarios públicos, a rechazar la violencia contra la prensa y actuar de manera contundente en este tipo de casos, así mismo, las autoridades colombianas se comprometieron a garantizar la seguridad y la libertad de prensa ante el aumento de amenazas y asesinatos de periodistas en el país.
Las organizaciones gremiales expresaron a las autoridades su preocupación por las agresiones contra los comunicadores y pidieron que impidan que prospere este intento de limitar el ejercicio de la libertad de prensa y el derecho a la información en el país.
Por otro lado, la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunciaron recientemente la creciente ola de hechos que atentan contra la integridad física y moral de los periodistas.
El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez; el procurador General, Fernando Carrillo Flórez; el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret; el ministro del Interior, Guillermo Rivera; el director de la Unidad de Protección, Diego Mora; y Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior designada por el nuevo gobierno, se pronunciaron frente a la situación de la prensa, en un comunicado.
Como representantes del Estado colombiano rechazaron todas las formas de violencia contra la prensa, en especial la que se registra en los territorios y ratificaron el compromiso con una prensa libre que fortalezca la democracia y permita que los ciudadanos reciban informaciones y opiniones de toda índole.
“Nos comprometemos a impartir instrucciones a las delegadas territoriales de los órganos de control y agencias del Estado, esto con el fin de optimizar la ejecución de los mandatos misionales, garantizar el derecho a la vida y la integridad de los periodistas, y velar por las condiciones necesarias para una prensa libre en todo el territorio nacional”, señaló la declaración de los funcionarios.
Igualmente, pidieron activar las denuncias de manera oportuna sobre cualquier tipo de amenaza o agresión en la que se vea involucrado el trabajo periodístico para habilitar de manera prioritaria los canales necesarios y contrarrestar la problemática.
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