El paciente es nuestra razón de ser… si la EPS paga.
El sistema de salud colombiano parece haber adoptado una nueva ruta de atención, primero la autorización, luego la cartera, después el contrato y, si todavía queda paciente, la consulta.
Las instituciones prestadoras de servicios de salud – IPS – anuncian restricciones, las entidades promotoras de salud – EPS – responden que están gestionando recursos, los organismos de vigilancia convocan mesas técnicas y los pacientes continúan haciendo lo único que el sistema no logra suspender, enfermarse.
La crisis financiera ya no es una discusión reservada a balances contables.
Hospitales y clínicas han limitado consultas, cirugías, procedimientos y atención ambulatoria por las deudas acumuladas de las EPS. En 2026, distintas instituciones anunciaron suspensiones o restricciones que afectaron a miles de usuarios; incluso redes hospitalarias públicas han mantenido únicamente las urgencias mientras contienen los servicios programados.
Las IPS necesitan recursos para pagar trabajadores, medicamentos, equipos y servicios públicos. Eso es indiscutible. Pero también es cierto que el paciente no celebró el contrato, no administró la Unidad de Pago por Capitación y no decidió quién incumplía los acuerdos de pago. Convertirlo en instrumento de presión financiera es trasladarle la factura al único actor que no tiene responsabilidad en la deuda.
En salud, una cita aplazada no siempre es una incomodidad, puede significar progresión de una enfermedad, pérdida de la oportunidad terapéutica, mayor discapacidad o muerte. En oncología, la expresión “hasta nueva orden” puede ser administrativamente elegante, pero biológicamente absurda. El cáncer, hasta donde sabemos, no suspende actividades por falta de convenio.
La situación resulta especialmente cruel para los padres de niños y niñas con cáncer. Estas familias no solo enfrentan el diagnóstico, el miedo y el desgaste económico; también deben convertirse en auditores, mensajeros, abogados y peregrinos de ventanilla. La Defensoría del Pueblo ha advertido que las autorizaciones tardías, la fragmentación de los servicios y la entrega incompleta de medicamentos siguen poniendo en riesgo la vida de los pacientes pediátricos.
Pese a ello, algunas instituciones han suspendido tratamientos o restringido el ingreso de pacientes nuevos por falta de pago. En el papel se anuncian excepciones para urgencias y oncología pediátrica; en la realidad, cada traslado, demora o cambio de prestador rompe la continuidad que exige el tratamiento. La Superintendencia Nacional de Salud tuvo que reiterar en 2026 que EPS, IPS y entidades territoriales deben articularse para garantizar atención oportuna, integral y sin barreras a niños con cáncer y otras enfermedades de alto riesgo.
Que semejante instrucción deba repetirse demuestra el tamaño del fracaso. En un Estado razonablemente funcional no debería ser necesario expedir una circular para recordar que a un niño con cáncer no se le abandona a mitad del tratamiento.
El caso de Asmet Salud resume esta tragicomedia institucional. La EPS se encuentra intervenida y su situación financiera ha llevado a prestadores a restringir servicios por el crecimiento de la cartera y el incumplimiento de acuerdos de pago.
A la vez, sus trabajadores han denunciado reiterados retrasos en salarios, prestaciones y aportes a seguridad social; algunos reportes sindicales hablan de obligaciones acumuladas durante varios meses. La propia entidad ha atribuido parte de la crisis a embargos sobre sus cuentas administrativas, que también habrían afectado pagos operativos, arrendamientos y servicios públicos.
En Neiva, además, se ha denunciado que la sede llegó a enfrentar la suspensión de servicios públicos por falta de pago. La imagen es difícil de superar, una entidad encargada de garantizar salud funcionando sin poder garantizar siquiera sus propios servicios esenciales. Podría parecer una metáfora literaria, pero es apenas otra jornada de oficina.
El trabajador de Asmet Salud queda atrapado en una paradoja particularmente colombiana, labora para una empresa encargada de asegurar el acceso a la salud, pero no recibe oportunamente su salario ni, según las denuncias sindicales, sus aportes a seguridad social. El sistema exige humanización a empleados a quienes administra con una notable falta de humanidad.
Aquí sobran responsables dispuestos a explicar por qué la culpa corresponde a otro. Las EPS hablan de insuficiencia de recursos y embargos; las IPS, de carteras impagables; el Gobierno, de intermediación y corrupción; los órganos de control, de deterioro estructural. Todos tienen un diagnóstico. Lo que nadie parece tener es la autorización para iniciar el tratamiento.
La salud es un derecho fundamental, no un pagaré condicionado al flujo de caja. Su garantía exige financiación suficiente, transparencia, pago oportuno a los prestadores, protección laboral y vigilancia efectiva. También exige que las controversias contractuales y financieras se resuelvan sin utilizar la vida de los pacientes como mecanismo de negociación.
Tampoco pueden quedar por fuera de esta reflexión las Empresas Sociales del Estado, en su gran mayoría, administradas precisamente por profesionales de la salud, han terminado reproduciendo la misma lógica de cierres, restricciones y barreras de acceso. Quienes alguna vez juraron anteponer el bienestar del paciente parecen guardar ese compromiso en el cajón cuando ocupan una gerencia y deben decidir entre la protección financiera de la institución y la continuidad de un tratamiento.
Mientras tanto, las paredes se engalanan con palabras como “humanización”, “compromiso”, “vocación” y “el paciente es nuestra razón de ser”, aunque en la ventanilla la razón de ser siga esperando una autorización o un abono a la cartera.
Ni siquiera los niños y niñas con cáncer escapan siempre de esta incoherencia. Qué pecado, tanta misión institucional en letra dorada y tan poca humanidad cuando llega la hora de cumplirla. Que Dios los encuentre confesados, porque la compasión también quedó pendiente de autorización.
Las deudas pueden conciliarse, auditarse o discutirse judicialmente. El tiempo perdido por un paciente oncológico no admite nota crédito.
P.D.: Tal vez la próxima innovación del sistema sea instalar una ventanilla en oncología para que el tumor presente autorización previa, certificado de disponibilidad presupuestal y paz y salvo de la EPS antes de seguir creciendo.
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Por: Faiver Augusto Segura Ochoa
X: @faiver_segura
