La Fiscalía formuló cargos por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales a Euclides Dussán García, ex-asesor de despacho y a Andrés Felipe Tamayo Polanía, asesor jurídico externo de la administración de Héctor Anibal Ramírez.
Según la investigación, entre octubre de 2008 y febrero de 2009, Dussan García al parecer tramitó y celebró ocho contratos de obra pública por un valor de 1.258.921.260 millones de pesos, destinados para la construcción de 206 baterías sanitarias en zona rural de Neiva, sin los requisitos legales.
De esta forma, omitió el procedimiento de licitación pública llevando a cabo dos procesos menos rigurosos: el No. 050 y 057 de 2008 de selección abreviada de menor cuantía, basándose en estudios previos incompletos, presupuestos de obras parciales sin estudios de conveniencia del objeto a contratar y con fundamento en un mismo rubro presupuestal soportado en un solo proyecto.
Lo que hace presumir, con base en el material probatorio recaudado, que celebró los contratos con el propósito de favorecer a los contratistas.
Por su parte, Tamayo Polanía, en sus funciones como asesor jurídico externo, tenía la obligación de que los procesos de contratación se ajustaran a las normas vigentes, lo cual presuntamente no cumplió, validando las irregularidades presentadas en los estudios y documentos para dichos contratos y al parecer procediendo a la selección de menor cuantía de los dos contratos mencionados hasta adjudicarlos.
Ninguno de los procesados se allanó a cargos.
