Los gobernantes de nuestra amada Colombia, están destinados a cumplir con las medidas más antipopulistas posibles.
Se presentan en campaña con el discurso barato y trillado de que serán la voz, la representación, y el alma del pueblo ante el Estado. Velarán por sus intereses, porque fueron y son elegidos del pueblo, y juran en plazas públicas que de no cumplir, abandonarán el cargo. Mentira tras mentira.
Pero en este país, donde no dejamos de sorprendernos por toda la violencia atroz y la corrupción que nos carcome, resulta increíble, que salgan fallos como el de la Contraloría de Bogotá, donde se le impone una multa en segunda instancia, al controvertido exalcalde de la capital del país, Gustavo Petro, por la suma de 217 mil millones de pesos, por haber bajado las tarifas del transporte de Transmilenio.
Para la gente de a pie, para el colombiano común, que se entera de estas noticias tan irónicas, es la simple conclusión: Petro será multado con una cifra inverosímil, por ayudar a los más pobres, por beneficiar a quienes utilizan este popular transporte. Por lo menos eso se expresa en los comentarios en redes sociales.
Otros van más allá y son apasionados, y dicen que el tema tiene tinte político, para tratar de detener y sacar del camino su candidatura a la presidencia por la izquierda de este país.
Podría ser cierto, pero lo que resulta cómico es una multa tan gigante, cuando no se trató de corrupción, sino de una medida populista que terminó favoreciendo a los miles de usuarios que a diario tienen que pagar el transporte en los articulados rojos.
Y muchos critican las medidas populistas de gobernantes de izquierda, como en el caso de Latinoamérica; presidentes de Venezuela, Ecuador y el mismo Cuba, pero una cosa es lo que vemos desde afuera y nos venden los medios nacionales y otra cosa es la que viven los locales, quienes tienen subsidios, salud y educación gratis.
Acá un alcalde puede ir a la cárcel por reducir el valor del transporte. ¡De no creer¡ Este parece el país del mundo al revés, donde los asesinos quedan libres, por no representar un peligro para la sociedad, y donde el pobre no tiene garantías para una defensa.
Finalmente, fallos como el de la Contraloría de Bogotá, desmotivan y meten terrorismo a los gobernantes locales y regionales del país para realizar medidas que favorezcan a sus pueblos, pues no vale la pena desgastarse en ayudar a los más necesitados, pues a futuro puede ser una arma de doble filo.
Los gobernantes están destinados a ayudar a los más ricos, a las empresas, a las multinacionales, porque de pretender defender a quienes los eligieron, la justicia de este país los puede condenar.
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Por: Alejandro Cabrera Collazos – alejandrocabrera23@gmail.com
Twitter: @alejocabrera
