La norma que cambió preveía que la escolta de los exprocuradores se reducía al 75% por un año y que su continuidad requería de un estudio de seguridad.
El 9 de agosto de 2013, ocho meses después de su reelección como procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, modificó una resolución de la entidad y abrió la puerta para que exfuncionarios de la entidad conservaran por cuatro años el esquema de seguridad.
Lo hizo a través de la Resolución 327 en la que señaló que «los ex servidores de la Procuraduría General y sus familias, que durante el ejercicio del cargo haya contado con el servicio de esquema de seguridad permanente, tendrán derecho a continuar con ese beneficio por un período máximo de cuatro (4) años, contado a partir de la terminación del vínculo legal y reglamentario».
Esta resolución de Ordóñez era la segunda modificación al reglamento de la Procuraduría sobre seguridad y protección, que en octubre de 2000 estableció que para los ex funcionarios ese esquema se reducía al 75%, fijaba un límite de un año y condicionaba su permanencia la existencia de un estudio de seguridad.
