En Colombia, una pregunta sobre donaciones puede terminar convertida en una discusión sobre modales. Se pregunta cuánto llegó a los damnificados y acaba debatiéndose quién ofendió a quién. Al final hay comunicados, indignación y bandos perfectamente organizados. El balance, entretanto, sigue esperando turno para intervenir.
La controversia entre Matador y la primera dama, Ana Lucía Pineda, merece una lectura que resista la tentación de escoger camiseta antes de examinar los hechos.
El caricaturista acompañó un cuestionamiento legítimo con expresiones denigrantes y referencias al cuerpo de la primera dama. Fue un error. La apariencia de una mujer no explica el destino de una donación. Para revisar una gestión hacen falta documentos; una cinta métrica aporta bastante poco.
La sátira puede exagerar, provocar y dejar al poder sin una respuesta cómoda.
Ese es parte de su valor. Pero cuando el ingenio descansa en humillar el cuerpo, la crítica pierde precisión y le entrega al cuestionado una salida de emergencia, hablar del agravio para no volver al asunto original.
Matador terminó facilitando esa mudanza. Preguntó por las ayudas y puso a discutir al país sobre sus palabras. Una torpeza editorial que cualquier asesor de crisis del adversario habría recibido con gratitud.
Ahora bien, rechazar el insulto no obliga a archivar la pregunta. La primera dama merece respeto, y la gestión de una fundación vinculada a su nombre merece escrutinio. Ambas exigencias caben en la misma democracia, aunque a los equipos de comunicaciones les complique el libreto.
La Fundación Colombia Luz y Sonrisas defendió su situación jurídica y tributaria. Según la información divulgada, la DIAN confirmó su RUT vigente y su pertenencia al Régimen Tributario Especial. Esa aclaración debe reconocerse, quien critica también tiene la obligación de corregir sus premisas.
Pero el registro tributario no cuenta, por sí solo, la historia de las donaciones. Acreditar que una organización puede recibir aportes no explica cuánto recibió, cuánto ejecutó y qué entregó. Mostrar el registro de la fundación para explicar las ayudas entregadas es como exhibir la tarjeta profesional del médico cuando alguien pregunta cómo salió la cirugía.
Se necesitan cifras y soportes, ingresos en dinero y en especie, gastos administrativos, criterios de selección, ayudas entregadas, recursos pendientes y mecanismos de revisión. Una relación que permita seguir el recorrido desde el bolsillo del donante hasta las manos del beneficiario.
La confianza asociada a la cercanía presidencial hace especialmente razonable esa exigencia. Si el prestigio del poder ayuda a convocar la solidaridad, también debe servir para facilitar las explicaciones. Resultaría curioso aprovechar el reflector para recaudar y luego pedir penumbra para rendir cuentas.
Aquí los críticos también tienen tarea. La insuficiencia de información pública no demuestra apropiación de recursos. Tampoco permite asegurar que no existen ayudas u obras. Entre preguntar ¿qué hicieron? y sentenciar “no hicieron nada” hay una distancia que debe recorrerse con pruebas, no con entusiasmo opositor.
La sospecha merece investigación; no un diploma automático de certeza.
Por eso es defendible que Matador insista en conocer los resultados y reprochable que recurra a la descalificación personal. Puede reconocer el agravio sin retractarse de una pregunta legítima. Incluso podría descubrir que una cifra bien contrastada incomoda más que un insulto, tiene la ventaja de no poder despacharse con un comunicado sobre buenos modales.
Del lado del Gobierno, defender la dignidad de la primera dama debería acompañarse de igual diligencia para promover respuestas verificables. Sería deseable que la velocidad institucional para organizar solidaridades también estuviera disponible para organizar balances.
Los damnificados no necesitan ganar esta pelea de redes. Necesitan resultados. Los donantes necesitan saber qué ocurrió con su aporte. La ciudadanía necesita poder preguntar sin convertirse en enemiga y criticar sin convertir a otra persona en blanco de humillaciones.
Una posición equilibrada puede incomodar a ambos bandos. A Matador, porque le exige responder por sus palabras. A la fundación, porque le recuerda que defender el honor no reemplaza explicar la gestión. Y a los seguidores de cada orilla, porque les impide repartir indulgencias según la camiseta política.
A Matador le corresponde afinar el lápiz. A la fundación, facilitar las cuentas.
El país agradecería que, después de tanto ruido, apareciera algo que pudiera revisarse con calculadora.
Los damnificados merecen que esta controversia produzca algo más útil que nuevos agravios. Necesitan ayudas y respuestas verificables.
El insulto sobra. Las cuentas hacen falta. Una democracia debería ser capaz de corregir lo primero y exigir lo segundo en la misma conversación.
P.D.: Ya quedó claro quién se ofendió. Ahora falta que quede claro cuánto se recaudó, en qué se gastó y a quién se ayudó.
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Por: Faiver Augusto Segura Ochoa
X: @faiver_segura
