Algo preocupante está ocurriendo en la relación entre el nuevo Gobierno y la universidad pública colombiana, no porque el Estado carezca del derecho y del deber de perseguir delitos dentro o fuera de los campus, sino porque el lenguaje utilizado comienza a borrar peligrosamente las fronteras entre delincuencia, protesta, pensamiento crítico y comunidad universitaria.
El presidente Abelardo De La Espriella afirmó el 13 de septiembre que no permitirá que las universidades públicas sean “santuarios de la violencia” y anunció un protocolo para que la policía pueda ingresar cuando existan hechos de violencia, flagrancia o terrorismo. También aseguró que irá por quienes utilicen las universidades para preparar ataques. El Gobierno sostiene, al mismo tiempo, que garantizará la protesta pacífica. El problema aparece cuando las generalizaciones sustituyen a las pruebas.
Días después, la revista semana divulgó un supuesto informe confidencial de inteligencia que señala presencia de células del ELN y disidencias de las FARC en diez universidades públicas, incluida nuestra Universidad Surcolombiana. Habla de colectivos estudiantiles, reclutamiento y planes de desestabilización.
Pero la información publicada se basa principalmente en documentos y fuentes de inteligencia no identificadas y, hasta ahora, no presenta públicamente individualizaciones, decisiones judiciales ni evidencia contrastable que permitan convertir esas hipótesis en responsabilidades demostradas.
La reacción de la Surcolombiana fue sensata, exigir que se investigue cualquier delito sin estigmatizar a una comunidad de miles de estudiantes y profesores a partir de informaciones no contrastadas y que cualquier actuación se sustente en hechos concretos, verificables e individualizados.
Es una preocupación sustentada, Colombia ya conoce las consecuencias de convertir al manifestante en enemigo. Durante las protestas de 2021, la CIDH advirtió precisamente sobre declaraciones oficiales que calificaban a los manifestantes de terroristas, enemigos o delincuentes. Según información del propio estado, se registraron 57 muertos durante aquellas jornadas, de los cuales 29 estaban relacionados con las manifestaciones. La CIDH documentó, además, denuncias de uso excesivo de la fuerza, lesiones, detenciones y otras violaciones de derechos humanos.
Por eso tampoco basta con decir; “el que nada debe, nada teme”. En una democracia, el poder debe presentar pruebas antes de señalar personas. La capucha puede utilizarse para cometer delitos y esos delitos deben investigarse, pero ocultar el rostro tampoco convierte automáticamente a alguien en guerrillero. En un país con una larga historia de amenazas, persecución y violencia política, identificar indiscriminadamente al disidente puede acarrear consecuencias.
La Constitución protege simultáneamente el derecho a manifestarse pacíficamente y la autonomía universitaria. Ninguno implica impunidad, pero tampoco desaparecen ante el argumento del orden público. Incluso los rectores del sistema universitario estatal han sido claros; un eventual protocolo debe cumplir criterios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad, derechos humanos y debido proceso.
Y queda otro debate; los recursos. Sería incorrecto afirmar simplemente que este gobierno retiró la financiación universitaria; su proyecto presupuestal incorpora $700.000 millones adicionales para universidades públicas, pero simultáneamente reduce la inversión total de $88,4 a $86,9 billones, y desde el congreso se ha cuestionado una disminución de $242.000 millones en gratuidad y fomento de la educación superior; además, la inversión regional prevista para Huila cae 17%. Son cifras que merecen explicación, no consignas.
La universidad pública debe rechazar a los violentos, vengan de donde vengan. Pero también debe seguir siendo incómoda, crítica y libre. El estado debe perseguir a los delincuentes, no construir enemigos y una democracia fuerte no le teme a una universidad que piensa.
—
Por: Adonis Tupac Ramírez Cuéllar
adonistupac@gmail.com
X: @saludempatica
