La Plata, en el occidente del Huila y limítrofe con el Cauca, es desde hace décadas un punto de violencia. Su ubicación geográfica, que lo convierte en corredor de paso, ha hecho de este municipio un territorio estratégico para el narcotráfico y los grupos armados ilegales.
Esa condición lo transformó en escenario de confrontaciones permanentes; primero, con la histórica presencia de las antiguas FARC y luego con otros actores que se disputaron el control.
El Acuerdo de Paz de 2016 trajo una esperanza momentánea, pero la realidad fue otra. El espacio dejado por los desmovilizados fue ocupado rápidamente por disidencias y estructuras criminales que, lejos de ceder, reconfiguraron la violencia.
La reciente asonada que obligó al repliegue de dos pelotones del Ejército es la muestra más cruda de cómo la comunidad, bajo amenaza, es utilizada como escudo humano. Quienes bloquean a la Fuerza Pública lo hacen porque están atemorizados.
Ayer estuvimos en La Plata, en territorio, se siente en la gente una profunda zozobra. La comunidad vive con miedo, percibe la fragilidad de la presencia institucional y siente que debe acatar lo que imponen los grupos ilegales para proteger su vida y la de sus familias.
Esa atmósfera de terror refleja que no se trata de una falta de reflexión ciudadana, como invitó el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, sino de la ausencia de garantías reales para resistir las presiones armadas.
El repliegue de tropas bajo presión civil organizada por estructuras ilegales envía un mensaje de debilidad institucional. El desafío no está en la entrega de los soldados, que es incuestionable, sino en la capacidad del Estado para dotarlos, respaldarlos y consolidar una presencia efectiva.
—
Por: Sebastián Camilo Durán Cortés
Exconcejal más joven del Huila
Abogado
