Me preocupa que, desde la dirección del instituto colombiano de bienestar familiar, se pretenda encerrar la vida en una definición. Las familias no nacieron para satisfacer las convicciones de los funcionarios; son construcciones históricas, afectivas y sociales, atravesadas por la cultura, la economía, las migraciones y las decisiones. Pretender reducirlas a un molde es desconocer cómo vivimos y cómo hemos aprendido a cuidarnos.
Hay familias con padre y madre; otras, sostenidas por una mujer o un hombre; familias de abuelos que crían nietos; de parejas del mismo sexo; adoptivas, extensas y recompuestas. Hay vínculos de crianza que sostienen donde la consanguinidad abandona. Ninguna composición garantiza amor, ninguna diferencia demuestra incapacidad. Lo decisivo debería ser la responsabilidad con el otro, la protección y la posibilidad de crecer sin miedo.
Desde una mirada sociológica, nombrar esta diversidad permite comprender necesidades distintas. Una madre que trabaja y cuida sola enfrenta obstáculos diferentes a los de una pareja con redes de apoyo, un hogar desplazado requiere respuestas específicas, una familia homoparental puede sufrir discriminación. Si la institución borra esas diferencias bajo una categoría única, corre el riesgo de ofrecer igualdad discursiva mientras reproduce desigualdades concretas.
Por eso cuestiono la insistencia de Carolina Restrepo Cañavera en hablar de una sola familia. Debe reconocerse que, después, aclaró que el Estado debe proteger todas las composiciones familiares. Esa precisión importa y merece ser exigida en la práctica. Sin embargo, negarse al plural sigue siendo problemático; reconocer familias diversas no establece jerarquías; permite identificar a quienes históricamente fueron excluidos del reconocimiento social y de la atención institucional.
El fanatismo surge cuando una convicción personal pretende convertirse en una medida universal. Una entidad encargada del bienestar infantil debe escuchar, investigar y reconocer las realidades, incluso cuando estas incomodan las creencias de quien la dirige. El Huila también merece esa conversación; cuántas abuelas sostienen hogares, cuántas madres asumen dobles jornadas, cuántos niños encuentran cuidado en organizaciones familiares que desbordan la fotografía convencional.
Defender las familias exige discutir el reparto del cuidado, la precariedad laboral, las violencias y la ausencia de apoyos. Idealizar una estructura puede esconder relaciones de dominación. La autoridad paterna, el matrimonio o los apellidos compartidos jamás deberían servir de coartada para tolerar maltrato. Me interesa una sociedad donde el afecto vaya acompañado de derechos y donde ninguna infancia deba justificar la composición de su hogar para recibir protección.
También me inquietan los cuestionamientos de Jennifer Pedraza sobre sus estudios y sobre los cambios en su perfil público. Restrepo atribuyó las omisiones a limitaciones de la plataforma y afirmó haber publicado certificados de Harvard. Esa explicación debe contrastarse con los documentos y responder estas preguntas: ¿qué cursó, qué acreditación obtuvo y qué información se divulgó para respaldar su nombramiento?
No encuentro fundamento suficiente para afirmar que inventó estudios; sí razones para exigir transparencia. Si se presentaron credenciales inexistentes o se infló su alcance, corresponde establecer responsabilidades; quien dirige una institución de protección debe responder con verdad verificable. Las familias necesitan cuidado, reconocimiento y confianza; la función pública exige honestidad, rigor y respeto por la realidad.
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Por: Adonis Tupac Ramírez Cuéllar
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