Volvieron trizas el acuerdo y consolidaron la corrupción

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Mientras escribo estas letras los medios de comunicación registran la masacre de cuatro campesinos en el municipio de Algeciras, la de ocho personas en Tibú, y el homicidio de dos soldados en un atentado del ELN, los cuales se suman a los más de 500 asesinatos en los últimos meses, lo que conlleva a desplazamientos forzados, amenazas y desapariciones.

Igualmente, la elección de Arturo Char como presidente del Senado y un discurso presidencial que dista de la realidad presente y que como si estuviera en otro país, desconoce la grave crisis humanitaria en la que estamos.

Por supuesto no ve uno a ningún hijo de Senador, ni a representante a la Cámara o a dirigente del gobierno desplazado por la violencia o poniendo a sus hijos en el frente de batalla; ellos tienen esquemas de protección o sus recursos les alcanzan para salir del país o desplazarse a sus apartamentos de lujo.

Mientras juegan a la guerra virtual, los pobres esto sí reales, retornan a la guerra, que como siempre cobra la vida de nuestros campesinos, indígenas, niños, niñas y adolescentes, mujeres, jóvenes, afro descendientes entre otras poblaciones, que son sitiados por la pobreza extrema.

En fin, como diría Erich Hartmann. La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan”.  Hemos retornado a la guerra y la dicha del partido de Gobierno y del gobierno mismo debe ser grande;  cumplieron con el propósito que auguró el cuestionado Ministro Fernando Londoño:  “Vamos a hacer trizas el Acuerdo”, y le agregaría y consolidar la corrupción, y lo lograron socavando la institucionalidad disminuyendo el presupuesto de la Justicia Especial para la paz, JEP, atacando a la Comisión de la Verdad,  desconociendo el llamado de los reinsertados para que se tomaran medidas para proteger sus vidas, golpeando la dignidad de las víctimas, nombrando a los familiares de los victimarios que no han reparado a las mismas y no han dicho la verdad sobre los desaparecidos y sus víctimas, sobre las razones de tiempo, modo y lugar de sus crímenes y que, en lugar de mostrarse arrepentidos,  posan como vencedores pues tienen presidente y la cereza del pastel, hicieron todo a su alcance para darle la espalda a la consulta anticorrupción.

En igual sentido, nombraron en el Centro de Memoria Histórica a la antítesis de una institución como esta, un tal Rubén Darío Acevedo Carmona, que a la manera del nazismo de Hitler, se ha encargado de tratar de borrar la memoria del conflicto pasando por el presupuesto inicial que va en contra del Derecho a la verdad y a la memoria de negar la existencia del conflicto armado interno.

El gobierno no es inepto, no es incapaz, simplemente es cómplice de todo lo que está ocurriendo, puesto que es sobre el gobierno y el Estado mismo en donde recae el deber del respeto y garantía de los derechos humanos, los cuales han sido reconocidos en múltiples tratados internacionales y desarrollados por nuestra legislación y jurisprudencia interna.

Lo que otrora era un ejemplo internacional del proceso de paz, hoy es una vergüenza nacional e internacional.

Se pregunta uno ¿Qué tenemos que hacer? Y la pregunta tiene varias aristas. El verdadero motor del conflicto es la cultura de la ilegalidad, pues a ella se suman el narcotráfico, caldo de cultivo para los grupos armados y su  financiación, la corrupción política y administrativa, que sume a los más necesitados en la pobreza extrema, y favorece a los que ya tienen, sin considerar que cada peso que se roban del Estado, es un peso que no llega a la educación pública, a la infraestructura, a la salud, a la seguridad, la vivienda, al empleo, entre otros elementos que permiten superar la dura crisis de inequidad que caracteriza nuestro país.

Tenemos que “Educar de la cuna hasta la tumba”, como diría nuestro premio nobel Gabriel García Márquez; la verdadera inversión en educación, tiene que estar fincada en la cultura del respeto a la vida, de la tolerancia, pero y por sobre todo, en el fortalecimiento de la familia como núcleo, esencial de la sociedad.

Es en la familia en donde finalmente se aprender a ser honestos y a descartar que una de las formas del ascenso social sea la violencia o la corrupción, que van siempre de la mano.

Necesitamos volcarnos y apoderarnos de las instituciones, arrancárselas a los clanes organizados que delinquen y socavan el presupuesto público; y dignificar la vida y tener nuevos héroes.

Nuestros profesores, médicos, obreros, la gente honesta debe ser el referente, no los políticos de oficio que en elecciones nos besan y abrazan pero que en el poder nos escupen la cara, con un cinismo que solo se iguala a la desidia de aquellos que quejándose de los problemas, venden el voto al mejor postor o simplemente se abstienen de participar y pronunciarse frente a las injusticia que nos rodean.

Colombia es un país maravilloso, donde debemos estar y al que tenemos el deber de hacer respetar; no más indiferencia, no más silencio, es hora de que el pueblo se pronuncie y en ejercicio de su poder soberano le recuerde a la clase dirigente quién manda y para qué están ellos en esos cargos, que no es nada  distinto que para garantizar la vigencia de un orden justo y para que la equidad y la dignidad de todos los colombianos sea respetada por cualquiera que ostente la investidura de servidor público.

Por: Alfredo Vargas Ortiz[1]

[1] Ph.D. M.D en Derecho, U. Nacional de Colombia, Abogado U. Surcolombiana, Docente Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas USCO, Director Grupo de Investigación Derecho Internacional y paz. E-mail alfredo.vargas@usco.edu.co, Twitter: @Alfredovargaso

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