En Colombia hay un gran debate sobre la reapertura de la actividad empresarial en sus diversas expresiones, que acapara la atención Nacional. Las estadísticas de desempleo, la quiebra de miles de empresas y la presión de la dirigencia gremial y los medios, empujan al gobierno Nacional y a los gobiernos locales a buscar fórmulas que permitan el regreso a la actividad productiva.
Será un regreso complejo dependiendo la actividad. Los bares, discotecas, iglesias, eventos artísticos y actividad deportiva en donde la concentración masiva de público es su base esencial, tendrán grandes dificultades para su reapertura. Otras actividades que representan la actividad industrial, comercio, servicios, manufactura y empresa de la construcción, están en pleno proceso de reactivación, lo cual devuelve la esperanza a nuestro país, que en un momento parecía estar agonizando e incluso muerto.
En este reintegro a la actividad empresarial se escuchan muchas ofertas por parte del Gobierno Nacional, que van desde subsidios, créditos con intereses bajos, fondo de garantías, rebajas de impuestos y de servicios públicos. El discurso suena halagador, hace falta lo principal y, es que estas ofertas se reflejen en la práctica.
Son diversos los protocolos de bioseguridad que se discuten al interior de los gobiernos locales y los gremios, de la mano de las autoridades de salud y del Gobierno Nacional, tendientes a buscar modelos con base a cada actividad, que permita crear barreras efectivas que eviten la expansión del contagio del covid 19.
La reapertura presencial de clases en escuelas, colegios y universidades parece ser la más compleja dado que allí estarán nuestros niños, adolescentes y jóvenes que fácilmente pueden ser expuestos al contagio y propagación del virus, siendo los que más hay que cuidar; son ellos nuestra razón de vida, y los que representan el presente y futuro del país.
Nuestros gobernantes saben que es muy importante cuidar la salud y la vida de la gente, pero sin dejar morir el sector productivo que es el que genera riqueza colectiva y además el que paga impuestos para sostener entre otras la burocracia estatal. Se debería expandir el horario de trabajo y atención al público a 15 horas diarias controlado por número de cédula.
Nuestro Gobernador y los 37 Alcaldes deberían subir el puntaje de favorabilidad en procesos de licitación, para las empresas foráneas que se asocien con las nuestras. Ello en la práctica haría que gran parte de ese capital, se quede en nuestra región. Sería la verdadera reactivación empresarial inteligente.
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Por: Miguel Rodríguez Hortúa – miguel.rh12@hotmail.com
Twitter: @miguel_rh12
