Razones personales

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El pasado viernes 27 de octubre, el Presidente de la República afirmó en una rueda de prensa, que la Fiscalía ya tenía información sobre el 50% de estos casos de los asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales el mayor número de homicidios obedecía a razones personales. El resto, correspondía a crímenes perpetrados por las bandas criminales, el ELN y una bajísima participación de la Fuerza Pública.

El asesinato a líderes sociales es un problema que ha venido en aumento desde la implementación de los Acuerdos de Paz. Según el informe más serio sobre el tema (elaborado por el CINEP, Indepaz, IEPRI y otras organizaciones) señala que en la gran mayoría de los casos se desconoce la autoría de estos asesinatos.

Las cifras son disímiles y van desde 55 (Pacifista) hasta 131 (Programa Somos Defensores), pero en todo caso, dan cuenta de la gravedad de este fenómeno en tiempos de pos acuerdos. En Colombia, nos hemos acostumbrado a que los muertos sean solo cifras y no se indaga a profundidad las causas de estos asesinatos.

Incluso, se ha llegado a revictimizar a los muertos, sugiriendo que estas personas “no estarían recogiendo café”, y con ello, de forma irresponsable y apresurada, se explicaba el motivo de su muerte. Lo cierto es que la motivación para acabar con la vida de estos líderes y defensores sigue siendo de carácter político.

De ahí la gravedad de la afirmación de Santos, que nunca ha sabido cómo comunicarse con los colombianos y suma un repertorio inagotable de frases desafortunadas como la de las “razones personales”.

La Defensoría del Pueblo ha asegurado, al respecto, que si bien no todas las actividades llevadas a cabo por líderes sociales y defensores de derechos humanos suponen un riesgo para ellos, su labor está más expuesta en territorios bajo control de organizaciones armadas ilegales o en donde poderes tradicionalmente ligados a la concentración de capitales, los ven como una amenaza a su estabilidad y continuidad.

Pero no solo se trata de un error de comunicación política, sino de la incapacidad del Estado por brindar garantías a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en los territorios donde persiste el conflicto. El sistema de alertas temprana no está funcionando como debería ser y los reportes e informes de riesgo elaborados por la Defensoría del Pueblo no están siendo tenidos en cuenta por parte del Gobierno Nacional.

Para no ir muy lejos, en Algeciras y Palermo ocurrieron dos asesinatos a líderes y defensores de derechos, según el CINEP.

En consecuencia, es hora de tomarse en serio el problema dado que no es un fenómeno de índole doméstica o pasional. Hay que decirlo claro: los están matando por razones de orden político y económico.

Por: Juan Corredor García – juan.corredor@urosario.edu.co
Twitter: @thuandavid10

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